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Boyacá es el segundo departamento con más títulos mineros en Colombia

Por eso promotores de consultas populares contra minería, aseguran que restricciones a estos mecanismos, lesionan la protección de recursos naturales.

Campaña en la consulta antiminera /

El primer departamento con más títulos mineros es Antioquia (1.448 hasta el mes de octubre del 2017).

Pese a que según la Agencia Nacional de Minería (ANM), Boyacá es el segundo departamento en el país con más títulos mineros, para ser exactos, la región tiene 1.446 títulos otorgados (a corte de octubre del 2017), algunos municipios promovían las consultas populares contra la minería.

Es el caso del municipio de Gachantivá, que tiene ya autorizada la consulta por la Registraduría Nacional para frenar la licencia de explotación para piedra caliza, pretensión de Cementos Tequendama. Sin embargo esta consulta popular está frenada por falta de dineros, ya que el Ministerio de Hacienda ha sido enfático en que no hay recursos para el mismo.

También es el caso del municipio de Paipa que espera que el Tribunal Administrativo de Boyacá, les de vía libre para adelantar la consulta minera que busca impedir nuevos proyectos mineros a cielo abierto y la ampliación de las plantas de generación termoeléctrica de Gensa.

Hay que decir que el Concejo Municipal de esa localidad ya denegó dicha consulta, considerando que los promotores no plantearon una pregunta clara ni entregaron información contundente que argumente los perjuicios causados por las actividades mineras.

Sumado a los impedimentos por financiación o por autorizaciones administrativas, los promotores de las consultas contra la minería en el departamento ahora deberán sobrellevar la última decisión de la Corte Constitucional, quien restringió este tipo de mecanismos contra la minería para, según el alto Tribunal, garantizar el desarrollo económico del país.

Aseguran que dicha decisión lesiona la participación democrática y la protección a los recursos naturales.

Luis Carlos Guerrero, Presidente del Concejo de Gachantivá, e integrante del comité promotor de la consulta popular en el municipio, señaló en Caracol Radio que “con esta sentencia de la honorable Corte Constitucional, nos deja en la incertidumbre en las regiones, y nos preocupa que incluso afecte la decisión del congreso que había aprobado y dado facultades a los alcaldes y concejos municipales para que decidieran sobre el uso de suelos de sus municipios a conveniencia del pueblo, sin duda sentimos que la corte, tumba todo el avance que habíamos alcanzado hasta ahora en la lucha por proteger la vocación de cada municipio, que muchas veces no es minera sino agrícola, turística, artesanal”.

Indicó que buscaran otros mecanismos para impedir que las empresas mineras, se salgan con la suya. Le piden un salvavidas al gobierno del departamento, a propósito del año del agua y del ambiente.

“En este municipio no queremos la minería porque un 43 % del territorio, 3.778 hectáreas hacen parte de títulos y solicitudes mineras. No descartaremos tomarnos algunas otras vías porque es a lo que nos obliga hoy la corte. Le pedimos al gobernador Carlos Amaya, que nos ha acompañado en la lucha contra la minería, que nos apoye. Además a Corpoboyacá que intensifique su vigilancia y control frente a estas solicitudes de licenciamiento minero”, señaló el presidente del concejo de Gachantivá.

Por su parte el gobierno departamental no está lejos de la opinión de los promotores de estas iniciativas. Aseguran que la participación democrática en la lucha ambiental, es fundamental.

“La participación social es fundamental para el ejercicio de protección de los ecosistemas. Con este tipo de decisiones del estado y la justicia, se hace más complejo el tema social en medio de la defensa medioambiental. Es un retroceso y promueve más centralización de las decisiones frente al territorio, algo a lo que se ha opuesto este gobierno de Carlos Amaya”, dijo el director de medio ambiente en Boyacá, Giovanni Viasús.

Concluyó que “los conflictos ambientales y las normativas se tornan como un foco beligerante en medio de esta lucha, y la gente está coartada dentro de su mecanismo de participación. Lamentamos que estas decisiones dificulten en cierta medida el decirle no a lo que sea nocivo para el agua y el medioambiente”.

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