Denuncian que los contratan para erradicar cultivos ilícitos y no les pagan

Caldas

Un grupo de por lo menos 20 personas entre erradicadores de cultivos ilícitos, enfermeros y empleados de otras áreas, oriundos de La Dorada en Caldas y otras regiones del país, denunciaron que hace varias semanas los contrataron para erradicar plantaciones de coca en varias zonas del territorio nacional pero que hasta el momento no les han respondido por sus salarios.

Uno de los quejosos relató que un ingeniero llamado Víctor, que era proveniente de Bogotá, fue quién los contrató para que se fueran a Caucasia en Antioquia a erradicar cultivos de coca. Añadió que les hizo pagar, por adelantado, tres meses de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) a un valor de 380 mil pesos, además de los viáticos para viajar desde sus lugares de residencia hasta los campos de cultivos.

El erradicador explicó que al igual que él hay otro grupo de trabajadores que enviaron a Nariño, Tumaco, Antioquia, Guaviare y otras regiones alejadas al Magdalena Medio de dónde son oriundos. También dijo que el acuerdo era que el salario mensual era de un millón 150 mil pesos y que el primer pago se los harían a los 45 días de haber iniciado labores, pero que ya han pasado hasta dos y tres meses sin recibir un solo día de sueldo.

“Cuando salimos de la zona de cultivos nos llevaron a los poblados dónde llegamos inicialmente. Nos dijeron que ya nos habían consignado en las cuentas y cuando verificamos era mentira. Durante el tiempo que estuvimos en campo no nos permitían llamar a nuestras familias y los trabajos eran de 12 horas diarias, de domingo a domingo”, dijo uno de los quejosos.

Falsas promesas de pagos

Otro de los trabajadores oriundo de una población antioqueña dijo que una vez en el sitio firmaron sus contratos de vinculación laboral que tenían fecha hasta diciembre próximo, pero que todos decidieron retirarse antes, ya que los engañaron con el pago de los primeros 45 días y que desde hace varios días la persona que los contrató les responde a través de Whatsapp que en uno o dos días les paga, pero pasan y pasan semanas sin que en sus cuentas bancarias se registre consignación alguna.

Otro de los denunciantes relató que en la zona les tocaba trabajar de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. sin descansar ningún día de la semana. Que además de estar aislados no tenían buena alimentación y sus superiores les daban malos tratos.

“Lo que buscan es aburrir a la gente para que renuncie y se venga sin cobrar un solo día de pago. Nosotros cuando salimos del campo y vimos que no nos habían pagado tuvimos que llamar a las casas para que buscaran prestado por ahí en cualquier parte y nos enviaran para pagar los viajes de regreso a casa. Llegamos cansados, maltratados y sin dinero para darles a nuestras familias”, dijo otro de los denunciantes.

Trabajo de alto riesgo

Sobre los riesgos que corren en esas labores de erradicación, uno de los trabajadores oriundo de Doradal, municipio antioqueño, también ubicado en el Magdalena Medio colombiano, describió que mientras están dentro de los cultivos ilícitos están en alto riesgo de pisar una mina antipersonal o de quedar en medio de enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos guerrilleros. También explicó que no son del agrado de los pobladores de la zona y dueños de los terrenos que se oponen a los proceso de erradicación.

“Yo trabajé 54 días. Yo contaba con que en mi casa ya habían cobrado los dineros. Yo no sabía nada porque no tenía como comunicarme con mi familia. Cuando salimos de la zona por un accidente que hubo allá fue que me di cuenta que nunca nos consignaron. Quedé endeudado para comer, para pagar arriendo y ya nadie me presta plata porque estoy sin trabajo y lleno de deudas”, relató un erradicador.

Varado en Medellín porque no le pagaron por su trabajo

Los erradicadores no son los únicos que denuncian que no les han pagado sus sueldos. Uno de los enfermeros que aseguró que integraba uno de los grupos de erradicación manual, señaló que su contrato estaba pactado por 2 millones 850 mil pesos mensuales y que hasta el momento no le han pagado un solo peso. Calcula que la deuda ya supera los 7 millones de pesos.

Este enfermero que es oriundo de Florencia (Caquetá) denunció que está varado en Medellín, ya que no tiene dinero para regresar hasta su ciudad de origen.

Los quejosos aseguran que cuando firmaron sus contratos en los campamentos ubicados en las zonas de trabajo, un superior no les permitió sacarles copias a los documentos. Sólo tres de ellos lograron quedar con una prueba de la firma de esa vinculación laboral, por lo que temen no tener ningún sustento que evidencie su trabajo al servicio del Estado Colombiano.

Aseguran estar dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, con el fin de que los países que cooperan con el proceso de erradicación de cultivos se enteren de lo que consideran es una estafa, de la que han sido víctimas por parte de la fuerza pública y el Estado colombiano.

Sin autorización para hablar

Caracol Radio obtuvo comunicación con el ingeniero Víctor, de quién los erradicadores señalan fue el que los contrató, pero dijo que él es un contratista que tiene dificultades similares y que no estaba autorizado para dar declaraciones sobre este tema.

El ingeniero Víctor nos remitió a hablar con un funcionario de la Policía Antinarcóticos en Bogotá, de nombre Marco Aurelio Huertas, quién a su vez nos respondió también que no estaba autorizado para dar declaraciones a los medios de comunicación y que estas situaciones debían tratarse directamente con el general Fabián Laurence Cárdenas, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Nos dijo también que para podernos comunicar con el alto oficial debía primero verificar nuestros datos personales y constatar que si fuéramos empleados de esta casa radial. Minutos después devolvió la llamada e indicó que debíamos solicitar la entrevista con el general a través de un correo electrónico.