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Así se deberá garantizar el servicio de salud en San Andrés

Caracol Radio revela las decisiones del Tribunal de Archipiélago que declara responsables por la crisis al departamento.

Un fallo del Tribunal del Archipiélago de San Andrés concluye que, “quedó debidamente probada la vulneración a los derechos colectivos a la prestación del servicio de salud” en forma continua en el departamento y se logró acreditar la falta de planificación de la Gobernación como principal garante del servicio público de salud en las islas.

Luego de analizar las pruebas, la Corporación Judicial declaró “responsables al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la IPS Universitaria de Antioquia, solidariamente, por la violación de los derechos”.

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El Tribunal compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la Republica, para que investigue la inversión de los recursos que específicamente fueron asignados para el mejoramiento de la infraestructura del Hospital Departamental y Municipal, así como la ejecución del Plan Bienal 2016-2018.

Tras varias irregularidades denunciadas a través de Caracol Radio por el servicio del sistema de salud en el Clarence Lynd Newball Memorial, el procurador general, Fernando Carrillo, ordenó la suspensión el pasado 20 abril y por tres meses al gobernador de este departamento Ronald Houisini, hoy capturado por un presunto caso de corrupción.

Señaló en su sentencia que, se evidenciaron irregularidades en los contratos suscritos entre la IPS Universitaria de Antioquia, en calidad de prestadora del servicio de salud y las empresas con las cuales se subcontrató algunos servicios asistenciales en el Hospital.

De igual manera se demostró que las condiciones de prestación del servicio de salud en el hospital local de Providencia son precarias e insuficientes.

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El Tribunal de San Andrés le ordenó al Ministerio de Salud que deberá reactivar en un plazo máximo de 6 meses, con la Comunidad Raizal y las organizaciones comunitarias, la Mesa Nacional de Protección Social de comunidades, para abordar de manera integral los temas inherentes al sector salud y la posibilidad de establecer políticas públicas especiales para la salud de las islas.

Además, le ordena al departamento Archipiélago, establecer una Mesa de trabajo donde se realice una evaluación jurídica, técnica, administrativa, económica y financiera con el fin de que se defina, diseñe y ejecute en máximo 6 meses, el modelo de salud que va a regir para la prestación del servicio.

En este sentido, la Corporación Judicial indicó que la IPS Universitaria de Antioquia y la Gobernación deben garantizar la prestación del servicio de salud, el abastecimiento del Hospital, con los insumos, personal médico, medicamentos y equipos técnicos que sean necesarios para la prestación integral del servicio de salud, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

Además, gestionar con el Ministerio de Salud, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Aeronáutica Civil, la posibilidad de suscribir un Convenio con el objeto de disponer de un medio de transporte aéreo preferiblemente medicado, para el desplazamiento de pacientes que sean remitidos al Hospital Departamental para recibir atención médica, que no pueda ser dispensado en el municipio.

Entre tanto, la entidad promotora de Salud-Nueva EPS, deberá implementar programas de prevención de enfermedades en el territorio insular, adelantar y finalizar la metodología de análisis-caracterización-, de la población afiliada.

Se le ordenó a la EPS, además, implementar los mecanismos y estrategias necesarias para que el trámite administrativo de la remisión de pacientes, se haga de manera ágil, oportuna y eficiente, eliminando así, cualquier factor que obstaculice que éstos puedan cumplir la cita asignada en la ciudad y fecha programada.

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