Crean Red para atención de huérfanos de feminicidios en el Atlántico

Todo un viacrucis viven las familias de mujeres víctimas de feminicidio para sostener día a día a los huérfanos que dejó la violencia de género a manos de sus compañeros sentimentales en el departamento del Atlántico, a tal punto que fue creada la primera Red de Familiares de Víctimas de Feminicidio en donde se brindan el apoyo que el Estado les niega.

Rosiris Martínez, es quien lidera este grupo de personas comúnmente de zonas vulnerables de Barranquilla en donde los hijos de las mujeres asesinadas reciben ayudas como ropa, alimentación y educación.

Vea también: Mujer de 24 años muere asfixia tras una discusión con su pareja

Cuando a Rosiris le asesinaron a Yurleidis Murcia, en manos de su expareja Ovidio Salazar, el 29 de septiembre del 2013, manifiesta que le faltó el oxígeno, que los recuerdos de su nieta acompañada de sus dos hijas no salían de su cabeza y que para no ver la misma tristeza en los rostros de otras niñas al quedar huérfanas decidió servir a la comunidad.

“Siento que no hay justicia suficiente para los feminicidios. Los victimarios al final llegan a acuerdos para reducir penas y los familiares de las víctimas quedamos con el dolor, desamparados y con la responsabilidad de sacar adelante a los hijos de estas mujeres asesinadas”, expresó la mujer, quien en sus hombros lleva el peso de cubrir las necesidades básicas de sus dos nietas, que en el momento de los hechos tenían 4 y 6 años de edad.

Agrega la hoy reconocida defensora de los derechos de la mujer en el Atlántico y quien ganó la patria potestad de las niñas ya que el victimario buscaba quedarse con ellas, que “muchos niños son revictimizados al no haber una política clara para los sobrevivientes de feminicidios”.

En la red que lidera Rosiris hay al menos 10 familias que abruptamente debieron responsabilizarse por los hijos de las víctimas asesinadas. “Vemos a muchos menores pasando hambre y necesidades y buscamos de todas las formas posibles apoyar”, señala la mujer.

Vea también: Boyacá, el departamento con mayores índices de feminicidio en Colombia

Una de ellas es Jessica Acosta, quien encontró en Rosiris las ayudas que las autoridades se negaron a prestar para sus dos sobrinas de 11 y 8 años, por quienes se responsabiliza luego de que su hermana Georgina fuera víctima de feminicidio en febrero del 2015 tras recibir un disparo con arma de fuego accionada por Álvaro Solano, su esposo, en el interior de su vivienda en el barrio El Bosque.

En diálogo con Caracol Radio, expresó que el sueldo mínimo que obtiene mensualmente como aseadora en una empresa, más los pocos ingresos de su esposo al vender CDs musicales y películas en el centro de la ciudad, no alcanza para mantener a las 14 personas que viven en su hogar en el barrio Santodomingo.

"Con mis dos sobrinas, tres hijas, mis papás, esposo y otros familiares el salario no me alcanza. Ha sido muy duro responsabilizarme de las niñas pero hago el esfuerzo para que no queden en potestad del victimario", indicó Jessica, quien debió cambiar de números telefónicos ante las amenazas que Solano hacia por llamadas desde la cárcel El Bosque, en donde se encuentra pagando una pena de 12 años.

"Ya ha pagado 4 años de prisión pero él está premiado como digo yo, ya que se acogió a un programa del Estado para resocialización integral y yo digo que en uno o dos años ya esté libre", expresó con indignación Jessica, quien asegura que en muchas ocasiones las niñas han estado sin meriendas en el colegio Distrital cerca a su casa en el que afortunadamente halló cupos.

Vea también: Crimen de la niña Andrea Marcela García en Tunja lleva 6 años de impunidad

"Hemos tocado muchísimas puertas, entre ellas la Alcaldía en donde me dicen que no me pueden ayudar porque es una nueva administración y el hecho ocurrió antes y en la Gobernación me dicen que le corresponde a la Alcaldía y eso que lo único que pido es un empleo", indicó Acosta.

Para estas líderes, quienes ahora buscan a través de talleres buscar independencia económica en otras mujeres, los casos de los sobrevivientes de feminicidios lamentablemente seguirán en aumento, hasta que el Estado no actúe de manera ejemplar fortaleciendo las condenas para los victimarios y que paralelamente ponga en marcha políticas en beneficio de las familias destrozadas por el dolor de perder a sus mujeres.