Lío jurídico por control de Unimetro
En los tribunales se libra una batalla jurídica
Universidad Metropolitana.(Caracol Radio)
Barranquilla
Mediante orden judicial, fueron restituidos en sus cargos el rector de la universidad Metropolitana Carlos Jaller y el director de la Fundación Hospital Metropolitano, José Cuartas Jaller.
La diligencia que se cumplió este miércoles, tras la decisión del juez 13 Penal Municipal con funciones de control de garantías, que ordenó restituir los derechos a estas personas, debió cumplirse con el acompañamiento de policías, personería y el alcalde menor (e) Clemente Fajardo.
El funcionario indicó que la renuencia de la institución para abrir las puertas, obligó a la utilización de un cerrajero “que rompió las rejas y una puerta para facilitar el ingreso a la universidad y al hospital”.
Cuando se cumplía la diligencia se conoció que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla concedió la solicitud de medida provisional hecha por Juan José Acosta Osío en un tutela presenta ante el tribunal.
Según el documento emitido por el magistrado Jorge Eliécer Mola se lee “es urgente… por lo que decidirá que se suspendan los efectos jurídicos de la decisión antes mencionadas (la del Juez 13), mientras se decide de fondo la presente acción constitucional”.
Se indica en el documento fechado el 19 de septiembre, que “no se ve claro que una impugnación de actas de asamblea y Junta Directiva, sea del resorte del Juez Penal Municipal con función de control de garantías en restablecimiento del derecho, y por eso, se ordenara la suspensión de los efectos jurídicos de las decisiones que profirió en la audiencia de restablecimiento del derecho celebrada los días 13 y 14 de septiembre, dentro del proceso penal que lleva el juez mencionado”.
Carlos Fernández, abogado de Acosta Osío, dijo que la medida cautelar dictada por el Tribunal fue entregada a los funcionarios encargados de la diligencia, pero le informaron que “debía ser notificada en la oficina (Secretaría de Gobierno)”, lo que considera que fue una “violación del debido proceso y derecho de defensa”.
En cuanto a una decisión que según los abogados de la institución había entregado el Tribunal Superior, de suspender aparentemente la diligencia, el alcalde menor (e), argumento que este aplicaba pero para otro tipo de procedimiento y no el que se estaba realizando.
“Nosotros acudimos a una audiencia ordenada por un juez que fue debidamente notificada”, sostuvo.
