Peajes para la ceguera

Cartagena de Indias

El placer de navegar encima de un mar verde con extendido fondo azul se transformó en indignación al observar que en el km 3 del viaducto, en la margen derecha, hay en ejecución una nueva devastación del manglar. En La Boquilla se agrede otro espacio de soberanía y, sin reacción, a machete caminan los invasores colonizando esa orilla de la ciénaga de la Virgen.

Miré a la derecha y pude observar a la distancia otra enorme deforestación y apropiación indebida de lo público, que entre Tierrabaja y Puerto Rey se extiende sin control ni límite.

El nuevo Pozón como le llaman los jefes de la invasión, tiene dos amplios sectores: Puerto Bello 1 y Puerto Bello 2 con calles trazadas que terminan en la ciénaga. El inspector, la Policía, el Alcalde local no reaccionan con contundencia porque cohonestan.

Existe un cartel de las invasiones, una empresa organizada que al delinquir cambia el uso del suelo, sacrifica el capital natural y pisotea ley y autoridad.

Me dicen que liderado por “Los Paisas”, restos de los Chapetos y los hijos de la Niña Puello, juegan con la necesidad de la gente. Son su fuerza de choque.

Conciertan para acumular tierra, corromper, pagar coimas y a los volqueteros, macheteros, los que esparcen el escombro. Engordan o venden el “lote” al necesitado de un lugar en el mundo. Inventan escrituras de posesión y si hay reacción legal tienen abogangster que tutelan el derecho a no tener derecho.

Toda la ciénaga recibe más escombro que el que llega al relleno de los Cocos. De noche salen del Centro y de día de Cielo Mar y Bocagrande. El Epa ausente, Cardique ni se entera, sin la Fiscalía como actor represor la Alcaldía y la Policía no ejercen autoridad. El cartel no los respeta porque no se respetan. Nadie los detiene porque hay peajes para la ceguera.

Increíble, no ha habido fórmula burocrática o poder humano que detenga esta corrupción del sector privado, generadora de graves delitos contra el ambiente.

Insisto, Camacol y la SIAB tienen que exigir más rigor en las obras públicas y construcciones privadas, garantizar ética ambiental en la conducta contractual de sus socios. El daño al capital natural es incalculable y si hay identidad y amor patrio acatar la ley es inaplazable. La responsabilidad del impacto ambiental es un tanto más del generador que del transportador.

Lo que sucede en toda la ciénaga y en la bahía exige replantear la acción de la Dimar-Capitanía. No es justo que pudiendo prevenir o reprimir se tolere el daño a la soberanía y se aplacen decisiones clarificadoras de jurisdicción. Sus acciones administrativas no curan la enfermedad, existen hoy en la alcaldía casi mil procesos de recuperación sin ejecución. Hace 2 años la Corte Suprema de Justicia ordenó recuperar lo de Olier y aún no realiza.

La omisión es también un acto de corrupción.