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Enredada la construcción del Centro de Atención Especializado en Sucre

Conceptos contradictorios del Ministerio de Educación tiene en vilo el proyecto de edificación del lugar donde serían rehabilitados los menores.

Después de lograr lo más difícil para que Sucre contara con un lugar donde reeducar a los adolescentes que hayan cometido algún delito, como fue conseguir un lote y lograr su financiación, la inseguridad jurídica del proyecto podría dar al traste con su ejecución.

El gobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero, según trascendió en una sesión del Comité Departamental de Responsabilidad Penal para Adolescentes, no está seguro de contratar la construcción.

Las razones expuestas en el comité dan cuenta que al solicitar un concepto al Ministerio de Educación sobre la idoneidad del lote escogido para levantarlo esa cartera entra en contradicciones.

De acuerdo con el alcalde Sampues, Víctor Hernández, en 2016 motivado por el rector del colegio del que es vecino el lote escogido, elevó la primera consulta a la cartera de educación.

Según un documento que exhibió en la reunión de este jueves 16 de agosto el Ministerio le respondió que en el lote, que había sido donado al departamento, no se podía construir el CAE porque su destino debía ser para la educación.

En una consulta posterior en 2017 , elevada por la Gobernación de Sucre, el Ministerio de Educación cambió su concepto y deja en manos del ente territorial el uso del lote.

Sin embargo este año cuando ya todo estaba prácticamente listo para que se contrataran las obras al contar con la aprobación de los recursos por parte del ICBF, el Ministerio vuelve a su postura inicial.

Durante la Reunión de este jueves a través de una delegada nacional el ICBF dijo que la Gobernación de Sucre puede estar tranquila acerca de la legalidad de tomar el lote para construir el CAE.

Pero el gobierno departamental está a la espera de una nueva consulta, esta vez ante la Procuraduría General, para decidir si se construye o no el Centro de Atención Especial.

De acuerdo con la procuradora de Familia de Sucre, Alma Lucia Benítez, una vez llegue el concepto de la Procuraduría se podrá destrabar el lio y la gobernación podría contratar con toda seguridad.

El proyecto supera los $6.000 millones  y durante varios años ha sido tema obligado en los comités de responsabilidad penal para adolescentes celebrados en Sucre.

Actualmente los menores que son detenidos en este departamento deben ser trasladados a un centro en Bolívar con lo cual se le violan los derechos a los menores al sacarlos del lugar donde su arraigo familiar.

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