Procuraduría formula pliego de cargos contra ex alcalde de Chía

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al ex alcalde de Chía, Guillermo Varela Romero, por presuntas irregularidades con un contrato de aprovisionamiento por cerca de $19.000 millones, mediante el cual se pretendía el diseño, construcción y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Chía I Delicias Sur.

La decisión también cobija al exsecretario de Obras Públicas del municipio, Rafael Antonio Ballesteros y al exjefe de la Oficina de Programación de la dependencia, Mauricio Enrique Cabrera Marín.

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El ente de control formuló tres cargos al exmandatario municipal en los que cuestionó haber suscrito el contrato No. 2015- CT381 del 18 de noviembre de 2015, celebrado con Gehs Global Environment and Health Solutions de Colombia, haciendo uso de la causal de contratación directa consistente en no existir pluralidad de oferentes en el mercado, conducta con la cual posiblemente desconoció los principios de transparencia y selección objetiva que regulan la contratación estatal, al haber presuntamente evadido el procedimiento de licitación pública por el cual debía haberse adjudicado el contrato.

Así mismo, en el segundo cargo lo reprochó por suscribir el contrato sin contar con estudios técnicos y económicos precisos, serios y completos.

En el tercer cargo la Procuraduría objetó el haber ordenado mediante oficio de noviembre 23 de 2015, la entrega de un anticipo por más de $17.000 millones para efectos de la adquisición e importación de los bienes objeto de contratos de aprovisionamiento número 2015 - CT381, “sin que se evidencie la existencia de garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo y excediendo el monto legalmente autorizado para la entrega de anticipos, el cual es del 50% del valor del respectivo contrato”.

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Frente a los casos del exsecretario de Obras Públicas y del exjefe de la Oficina de Programación, el órgano de control formuló cargos por participar en la etapa precontractual con posible desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva. Al parecer los disciplinados aprobaron los estudios y documentos previos y profirieron la Resolución No. 3397 de noviembre 4 de 2015, por medio de la cual justificaron el uso de la contratación directa para el negocio jurídico.

Así mismo, a Rafael Antonio Ballesteros se le reprochó por haber suscrito un acta de recibo final de noviembre 30 de 2015, haciendo constar que el contratista se encontraba a paz y salvo por todo concepto, pese a que para esa fecha no había cumplido con las obligaciones estipuladas en el contrato de aprovisionamiento, dentro de los cuales se encontraba el suministro e instalación de tecnología y la puesta en marcha de la planta de tratamiento.