Esa ley es inconstitucional

Columna de opinión de Rafael Vergara Navarro

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Comprometido con el ambiente, el respeto a los bienes de uso público y la protección de las zonas de bajamar, recurrí ante el Procurador General de la Nación para que en defensa de la Constitución protegiera de Edurbe el interés colectivo, los cuerpos de agua interiores e interviniera ante la Corte Constitucional para derogar la ley 62 de 1937, garantizar el orden jurídico, el patrimonio público, los derechos y garantías fundamentales.

Le recordé que Cartagena de Indias es una ciudad implantada drásticamente sobre un ecosistema de litoral: bahías, lagos, lagunas, caños y ciénagas, cuyas orillas y aguas la Naturaleza protegió con sus bosques lineales de manglares, la vegetación de la interfase agua tierra.

Que esas salacuna de vida, resumidores de carbono y reguladores del clima viven bajo amenaza y agresión permanente porque la depredación y apropiación indebida del Territorio es cotidiana, pese a las restricciones y la tipificación delictiva de esa conducta por ambición o “necesidad”. La causa: la ineficiencia de las autoridades o su complicidad, y la débil reacción ciudadana.

Le dije que la situación es crítica y la solución drástica porque la riqueza natural protegida, fue y es depreciada como “monte a erradicar” –algunos siguen viéndolo así- y la ley 62 de 1937 que solicité demandara por inconstitucional, “legalizó” urbanizar las orillas de los cuerpos de agua escriturando “propiedad” al erradicar la ronda hídrica y/o adquiriendo el suelo de la Nación a la brava o con cualquier clase de malabarismo jurídico.

Pero lo más intolerable de la existencia de esa ley es que otorgó una facultad hoy inconstitucional que “faculta” a EDURBE para talar, rellenar -“recuperar” dicen- y vender o permitir la apropiación privada, una norma de tiempos en que lo ambiental no se consideraba en la legislación.

La ley ordinaria de ejecución local por “la cual se decreta la construcción de varias obras de utilidad pública en la ciudad de Cartagena”, por voluntad de la Administración, al crear Edurbe se la transfirieron y con ello la facultad que, como se verá, agotó su viabilidad hace rato.

La entidad creada en 1981 y a quienes la dirigen los convirtieron en señores y dueños de los caños y lagos, lo que han usado para “abatir la vegetación” y “legalizar” la privatización de lo público, rellenar, lotear, vender y transferir propiedad a particulares, y con esos recursos incrementar su cuestionado patrimonio.

Cheque en blanco inadmisible de lo que nos queda del capital natural que, además de protegido, en términos ambientales debería ser sagrado, máxime hoy que el cambio climático exige proteger los manglares y adaptarnos al ecosistema.

Es claro que estos bienes de la Nación, las zonas de bajamar, son elementos esenciales constitutivos de la Soberanía y por eso la protección Constitucional, el legislador la entregó a las Fuerzas Armadas, tal cual puede apreciarse en la legislación ambiental, artículo 103 de la Ley 99 de 1993 o en el decreto 2324/ 84.

Solo en Cartagena existe una ley ordinaria así, y como lo admite el Procurador en la demanda fue tácitamente fue derogada por el código de Recursos Naturales, la Constitución del 91 y las leyes 388 del 97, 99 del 93 y demás disposiciones de defensa del ambiente.

Pero no, según Edurbe y la alcaldesa (e), ellos son depositarios del supra derecho de disponer de los cuerpos de agua porque la ley los faculta para “la limpia, canalización y “angostamiento” de los caños de la bahía, desde el punto en que el mar entra a ella por el caño de Juan Angola hasta el lugar donde los caños salen a la bahía plena, en jurisdicción del corregimiento de la Quinta, cruzando el Cabrero, los puentes del Espinal, del pie del Cerro y Manga Popa” (cursiva, subrayado y negrillas fuera de texto).

Angostar o talar la vegetación de orilla es hoy es una perfecta locura inconstitucional, conducta tipificable como urbanización ilegal, atentatoria del POT y del principio de Precaución porque los mayores volúmenes de aguas resultantes del calentamiento global, requieren caños más amplios y manglares para generar clima, biodiversidad y evitar la erosión y el desborde de la marea alta.

Luego expidieron el decreto 007/84 y excedieron el ámbito de competencia y los límites de jurisdicción hacia el norte más allá de la Bocana de Mareas Estabilizadas, fluido de mar que se encuentra con el canal paralelo y este con el caño de Juan Angola, donde inicia su competencia según la ley 62/37.

En nombre del saneamiento vendieron el área de edificios en el Anillo Vial y si les damos pista y no se recupera ambientalmente la margen derecha, la Alcaldía y Edurbe insistirán en que están facultados para venderla.

La demanda de la Procuraduría es clara: “No hay duda que esos caños en Cartagena en su integridad son bienes de uso público,” no son de Edurbe y concluye afirmando que la ley 62 de 1937 es una norma pre-constitucional que riñe contra los principios y artículos 1, 8, 63, 79, 80, 82 y 102 de la Carta Magna, de allí que solicite que la Corte declare inconstitucional los artículos 1, 7, 8, 9 para poner fin a la ilegalidad “legalizada”.