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JUDICIAL

Consejo de Estado declaró improcedente tutela de la constructora CFC

La Universidad de Caldas podrá hacer peritaje en diligencias judiciales referentes al litigio jurídico por la construcción de la Tierra Viva.

El Consejo de Estado en su sala de los Contencioso Administrativo emitió un fallo adverso para las Constructoras Felipe Calderón y Vélez Uribe, que adelantan las obras de la biociudadela Tierra Viva, en los lotes de la vereda La Aurora, zona que es adyacente a la Reserva de Río Blanco en Manizales.

La decisión de esa alta corte decretó como improcedente una acción de tutela que las constructoras emprendieron en medio del proceso de acción popular que inició desde hace seis años y que interpusieron varios ciudadanos de la capital caldense para buscar que la justicia frene el desarrollo urbanístico en esa zona de la ciudad, puesto que consideran que es severamente lesivo para las especies animales que habitan Río Blanco.

El Tribunal Administrativo de Caldas emitió dos Autos, uno el 15 de diciembre de 2017 y otro el 5 de marzo de 2018, con el que designó al programa de Biología de la Universidad de Caldas, como un perito para realizar una diligencia de inspección judicial, a fin de emitir un concepto sobre si hay o no afectaciones de la construcción a la reserva y si es o no un inconveniente el desarrollo de ese proyecto residencial.

Precisamente las constructoras lo que buscaban era atacar la designación de la Universidad de Caldas. Según el documento del Consejo de Estado las dos empresas, por medio de la tutela, pidieron revocar el nombramiento de esa institución, ya que consideran que es coadyuvante y tiene relación evidente con alguna de las partes del proceso y además interés en el resultado.

Al final el Consejo de Estado declaró la tutela improcedente y dio una amplia explicación sobre por qué no hay ningún impedimento para que La Universidad haga las labores de peritaje en la diligencia judicial.

Darío Arenas, director de la ONG Manizales en Común destacó que este fallo es de suma importancia y aseguró que ayudará a destrabar el proceso de la acción popular que lleva seis años. Recordó que para su organización y los demás opositores a la construcción de Tierra Viva urge que haya un fallo a ese proceso para que se tenga una decisión definitiva.

Arenas arremetió contra las constructoras. Dijo que pretendían vetar a la Universidad de Caldas argumentando que varios académicos, profesores y la clínica sociojurídica de esa institución han hecho parte de la acción popular.

Señaló que el fallo dejó en claro que no hay lugar al veto de la Universidad de Caldas y agregó que “Las constructoras no sabe cómo funcionan las universidades públicas. Desconocen que gozan de autonomía y no han sido los representantes legales de la universidad los que han hecho parte del proceso. La De Caldas cuenta con total autonomía para realizar ese tipo de acciones en la defensa de los derechos ciudadanos y del patrimonio ambiental”.

Esta decisión del Consejo de Estado queda pendiente de que las firmas constructoras hagan uso de algún recurso. De no ser así será un fallo que queda en firme.

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