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Gobernadores piden que se reconsidere decreto de la "Línea Negra"

En carta al presidente Juan Manuel Santos alertan que condicionaría el ejercicio de la propiedad privada

Los gobernadores de la Costa en carta al presidente Juan Manuel Santos le piden que no sancione el proyecto de decreto mediante el cual se redefinen los territorios de los pueblos ancestrales  de la Sierra Nevada de Santa Marta,  denominado “Línea Negra”, al considerar que necesita un estudio riguroso en razón que afectaría los planes de ordenamiento territorial y condicionaría el ejercicio de la propiedad privada, generando incertidumbre y afectando competitividad.

Destacan que entiende y aceptan el derecho de las minorías y la importancia de la protección de la cultura indígena, pero dicha consideración no puede ser la base para que se estructuren una serie de figuras jurídicas novedosas sin reglamentación clara que afecten a toda una región.

Advierten que criterios auxiliares del derecho no consagrados en nuestra normativa jurídica, como la interpretación cultural, sería incorporados a nuestro ordenamiento jurídico.

Finalmente, anotaron que la iniciativa no ha sido socializada y también haría inviable la ejecución de proyectos de desarrollo agrario, sustento del proceso de paz consolidado por el gobierno.

El texto de la carta, que lleva a la firma de los gobernadores de los departamentos de Magdalena, Rosa Cotes de Zuñiga; Cesar, Francisco Ovalle Angarita; La Guajira, Tania Buitrago González; Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa y Bolívar Dumek Turbay, es el siguiente:

“Doctor

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República de Colombia

Bogotá D.C.

Asunto: Proyecto de Decreto mediante el cual se redefine la denominada "Línea Negra"

Excelentísimo señor Presidente:

En nuestra calidad de representantes de las fuerzas vivas de los departamentos del Cesar, Guajira, Magdalena, Bolívar y Atlántico, manifestamos nuestro desacuerdo frente a la inminente expedición del proyecto decreto, mediante el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Previo a cualquier exposición fáctica, económica, social o jurídica declaramos que entendemos y respetamos los principios constitucionales adoptados, nacional e internacionalmente, en relación con la protección a las minorías étnicas, la diversidad cultural de la Nación y la autodeterminación de los pueblos indígenas en susterritorios. No obstante, existen una serie de consideraciones que queremos poner de presente ante el Gobierno Nacional con la finalidad de que sean tenidas en cuenta en el momento de reglamentar la redefinición de ese territorio ancestral que tendrá impacto sustancial en todos los habitantes de los cuatro departamentos a saber: Cesar, Guajira, Magdalena, Bolívar y parte del Atlántico.

El proyecto de decreto no ha sido socializado con el rigor que lo amerita, teniendo en cuenta la importancia y consecuencia que tendría en los departamentos anteriormente mencionados. Su alcance requiere un estudio riguroso en razón a que afectaría planes de ordenamiento territorial y de desarrollo de origen estatal,

inversión privada y proyectos de impacto social en la región. Prácticamente se condicionaría el ejercicio de la propiedad privada, derecho de rango constitucional, y otros derechos consolidados, a una incertidumbre que generarían una falta de competitividad en la región. El proyecto de decreto tiene un fuerte impacto en asentamientos urbanos como lo son Santa Marta, Riohacha y Valledupar, y de tipo rural, y en un sinfín de actividades dedicadas a la agroindustria, turismo, servicios, logístico, minero-energético, etc. Se hace evidente un otorgamiento expreso, a favor de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), de facultades para intervenir y promover políticas en ordenamiento territorial, administración del territorio y protección/conservación de recursos naturales.

Criterios auxiliares del derecho no consagrados en nuestra normatividad jurídica, como la interpretación cultural, serían incorporados a nuestro ordenamiento jurídico. Nos someterían a una ley que se consideraría como prevalente frente a la normatividad jurídica nacional, como lo es la "Ley de Origen y el Documento Madre", las cuales no conocemos ni su contenido ni mucho menos su alcance. De igual forma, no es claro cómo operaría una coexistencia entre las autoridades territoriales, ambientales y otras, y resaltamos la ambivalencia que esto puede traer.

Sí bien es cierto que actualmente se realizan procesos exitosos de Consulta Previa con los cuatro pueblos indigenas de la Sierra Nevada, también es de consideración que la capacidad técnica y administrativa de los resguardos o de las organizaciones indígenas es precario. En este orden de ideas, la evaluación de proyectos requiere de una capacidad profesional amplia que permita entender impactos culturales/sociales en un territorio nacional. Esta dinámica abre las puertas para que un bien escaso (consultas previas) se vuelva un negocio que lucre a consultores e intermediadores, lejos del objetivo de acercar a dos visiones territoriales diferentes en un objetivo común de conservación y respeto.

En función de los impactos, la nueva reglamentación no es clara en mencionar cuales son los específicos y su ponderación en relación con la compensación. Es importante mencionar que la seguridad de inversión en proyectos nuevos está en función de los costos asociados a la implementación, lo que permite un limbo absoluto en materia de costos.

Por último, el desarrollo agrario, sustento del Proceso de Paz consolidado por su gobierno, se sometería a diferentes condicionamientos que prácticamente harían inviables los proyectos productivos que jalonan el desarrollo sostenible de la región. Enfatizamos que entendemos y aceptamos el derecho de las minorías y la importancia de la protección de la cultura indígena, pero dicha consideración no puede ser la base para que se estructuren una serie de figuras jurídicas novedosas sin reglamentación clara que afecten a toda una región.

En consideración a lo expuesto, de manera respetuosa, le solicitamos abstenerse de suscribir el decreto en cuestión, e integrar una mesa de diálogo en donde tengan cabida las entidades territoriales, los gremios de la producción y organizaciones sociales y demás actores que tengan interés o se sientan afectados con su alcance, con la finalidad de crear mecanismos conjuntos que generen el mayor ambiente de fraternidad y protección a la diversidad cultural, y permita el desarrollo económico y social de la región”.

 

 

 

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