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JUDICIAL

Abogado Granados denuncia que CFC aceleró la construcción de Tierra Viva

La firma de abogados anunció que en próximos días habrá fallo a una solicitud de medidas cautelares para que se suspenda la polémica construcción.

En un comunicado emitido por el bufete de abogados de Jaime Granados, que se relaciona con la controversial construcción de la biociudadela Tierra Viva, se advierte de un “aceleramiento excepcional” de las obras ante la posibilidad de que un juez de la república imparta la orden de suspender los trabajos cómo una medida cautelar.

El documento señala que un juzgado administrativo de Manizales está por resolver una solicitud de medidas cautelares para que se suspenda esa construcción y denuncia que la constructora CFC una vez supo de esas acciones judiciales aceleró el desarrollo de las obras.

El comunicado también informa que al representante de esa constructora lo está investigando penalmente la Fiscalía General de la Nación por el tema polémico de la construcción en esos lotes de la vereda La Aurora que están cerca, poco más de un kilómetro, de la reserva Río Blanco, de la cual dice el comunicado es la fuente hídrica más importante de esta zona y un lugar único para el avistamiento de aves.

La firma Jaime Granados Peña y Asociados también informó en el comunicado que es probable que un juez emita la orden de suspender dichas obras y explica que recientemente el Tribunal Administrativo de Caldas reconoció la naturaleza rural del predio de la reserva forestal de Río Blanco y su zona con función amortiguadora, que incluye el polígono 4 de La Aurora, que es justamente dónde se adelantan las obras de Tierra Viva.

El comunicado del bufete de abogados también explica que CFC está adelantando una campaña mediática para continuar adelante con la construcción y argumenta que tiene un derecho adquirido que le otorga el POT que tenía vigencia anteriormente en Manizales y que dichas versiones no son ciertas, ya que según Granados “la jurisprudencia ha sido clara en que cuando se trata de proteger derechos ambientales no es dado hablar de derechos adquiridos”.

Granados también indicó en el comunicado que las acciones penales también involucran a otras personas que han patrocinado las conductas de CFC para construir en esa zona aledaña a la reserva.

CFC certificada a nivel internacional

Recientemente CFC socializó en una rueda de prensa una certificación internacional que le otorgaron por las bondades ambientales que tiene su proyecto Tierra Viva en una de las etapas de la biociudadela.

En esa misma socialización el director de comunicaciones de esa firma constructora Carlos Eduardo García Cortés indicó que la compañía se ampara en las licencias de construcción que años atrás les otorgaron las autoridades de la ciudad y que sumado a esto también están avalados por el POT anterior y por el que entró a regir en los últimos meses.

Frente al comunicado de la firma del abogado Granados líderes sociales se pronunciaron y apoyaron la comunicación. Moisés Gallego además aprovechó para hacerles un llamado a los funcionarios públicos y los de la rama judicial de Manizales.

Ante el comunicado de la firma del abogado Granados, la constructora también emitió un pronunciamiento. Inicialmente dijo que “CFC ha asumido desde hace muchos años la defensa de la Reserva de Río Blanco, con hechos contundentes como este proyecto fuera de la reserva, diseñado con 24 atributos que aumentan la masa boscosa, favorecen la fauna y compensan de sobra la huella de carbono. Incluso se cuenta con un certificado internacional sobre sostenibilidad”.

La constructora también indicó que ha emprendido acciones legales “para proteger varios de nuestros derechos que se han visto vulnerados por acusaciones sin fundamentos, que solo apelan a la sensibilidad ambiental mediante engaños. Nuestras denuncias también están en la fiscalía y otras autoridades judiciales”.

Referente a las denuncias de haber acelerado las obras la construcctora asegura que “el proyecto avanza según el cronograma planteado. Lo más acelerado fue la siembra de los primeros 5 mil árboles, desde al año pasado. Queremos llegar a más de 15 mil árboles en el proyecto”.

Por último argumentó Felipe Calderón que “el POT del 2017 nunca ha perdido vigencia y es lo que se define en la reciente sentencia del tribunal administrativo. Este POT, como los tres anteriores, permiten la construcción de TierraViva, tal y como lo han aclarado suficientemente Minambiente, Minvivienda, el alcalde, planeación municipal, el concejal ponente del POT y varios concejales. Ya al respecto emitimos un comunicado resaltando dicha decisión del tribunal sobre el POT 2017”.

 Esperan orden de suspender la construcción

“Es un pronunciamiento muy delicado. Quiere decir que CFC aduciendo a audacias a casi que actos de mala fe acelera el proceso porque sabe lo que se viene en sí. Pretender acabar con la fauna y flora de la reserva Río Blanco. Les hacemos un llamado a los funcionarios que corresponda emitir una orden que suspenda y que impida esa construcción. Por otra parte tenemos que decir que hay una actitud paquidérmica. El tribunal ha sido demorado para fallar y se han pasado el proceso de mano en mano. Hacemos ese llamado a la rama judicial para que no se tapen los oídos y no cierren los ojos ante lo que está ocurriendo actualmente en la ciudad.

Por su parte Darío Arenas director de la ONG Manizales en Común expuso varis razones sobre la importancia de que se otorguen las medidas cautelares.

“Sería muy positivo para la ciudad que se otorguen medidas cautelares. Evidentemente el hecho de que el Tribunal Administrativo de Caldas haya dejado en firme el POT de Manizales quiere decir que La Aurora es zona rural dónde no se deben dar este tipo de construcciones. Se debería dar un piso jurídico muy sólido para que se tome esa decisión. Que se suspenda la construcción de la Biociudadela”.

Ahora todo queda en esperar la decisión judicial para saber si se otorgan dichas medidas y si la constructora CFC debe suspender las obras o por el contrario le permiten continuar adelante con las mismas.

 

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