Justicia

Procuraduría pide a Triple A "acciones drásticas" con asesoría de Inassa

La empresa ha dejado de girar más de 5 mil millones por la el cuestionado contrato

Procuraduría pide a Triple A "acciones drásticas" con asesoría de Inassa

Procuraduría pide a Triple A "acciones drásticas" con asesoría de Inassa(Cortesía Triple A)

Desde noviembre del año pasado, mes en que la empresa Triple A de Barranquilla suspendió los pagos de la cuestionada asesoría técnica firmada con Inassa, más no el contrato como tal, y que según los órganos de control, ésta nunca se prestó, se ha evitado el giro superior a los 5.000 millones de pesos, como consecuencia de las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación.

Así lo señala el ente disciplinario en los argumentos presentados ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, en donde a través de una acción popular busca que Inassa devuelva 80 millones de dólares que habría cobrado durante 17 años sin ejecutar el mencionado contrato.

Sin embargo, para la Procuraduría la suspensión de los pagos por parte de la Triple A no es suficiente. "La actual directiva de la empresa no toma ni ejecuta acciones drásticas para ponerle fin al contrato de asistencia técnica celebrado con Inassa".

De igual manera, el organismo le hace un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos: "de acuerdo con el nivel de riesgo no impidió que Triple A e Inassa hayan vulnerado los principios de libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante".

Además, calificó como "insostenible" el argumento de la superservicios Rutty Paola Ortíz, quien en el pasado congreso de Naturgas expresó que "la entidad sólo está para verificar que no haya una afectación del servicio asociada a la situación de Inassa".

La Procuraduría también adelanta otras líneas de investigación como la descapitalización del Distrito de Barranquilla pasando del 85% al 14.5% en la composición accionaria de la Triple A, los manejos que la empresa le ha dado a subsidios transferidos por el Distrito por un monto de 70.000 millones de pesos, así como la simulación de órdenes de servicio ya aceptados por Ramón Navarro y cuya apropiación asciende a los $27.000 millones.

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