Justicia

Procuraduría abre investigación por concesión de Marina en La Bodeguita

La medida cobija a la Corporación de Turismo y la Capitanía de Puerto

Procuraduría abre investigación por concesión de Marina en La Bodeguita

Procuraduría abre investigación por concesión de Marina en La Bodeguita(Flickr - zug55)

Cartagena de Indias

La Procuradora Regional de Bolívar, Itala Pedrazzin Lozada abrió indagación Preliminar contra el ex alcalde Sergio Londoño Zurek, Zully Salazar, directora de la Corporación de Turismo, Pedro Javier Prada y Mario German Rodríguez Viera, en su condición de director de Puertos y director DIMAR, respectivamente, por presuntas irregularidades en la concesión del Muelle de la Bodeguita, en atención a una queja presentada por el abogado Wilman Herrera Imitola en defensa de las comunidades afros de los pueblos insulares de la Bahía.

Wilman Herrera Imitola, abogado en representación de los pueblos de Caño del Oro, Punta Arena, Bocachica y Tierrabomba, entre otros, denunció que el pasado 25 de diciembre, la directora de la Corporación de Turismo, Zully Salazar, fijó un edicto en la Capitanía de Puerto, para solicitar la entrega en concesión de una parte del Muelle de la Bodeguita, para implementar un proyecto de Marina denominado Cartagena de Indias.

“Nosotros consideramos que por estar vigente, el acto administrativo 022 del 28 de julio del 2004, firmado por el entonces alcalde, Alberto Barboza Sénior, donde se autoriza la salida y atraque de todas las embarcaciones menores que transportan pasajeros desde el Muelle de la Bodeguita, hasta los corregimientos insulares. Ese documento tiene validez y debió tenerse en cuenta”, dijo Herrera Imitola.

Así mismo, aseguró que llevar a cabo un trámite de esta naturaleza desconociendo los derechos fundamentales de las comunidades afros de Caño del Oro, Bocachica, Punta Arena, Tierrabomba y Las demás, seria atentar contra normas internacionales que defienden los intereses de estas comunidades, como es el convenio 169 de la OIT, ratificado en Colombia, a través de la Ley 21 del 91. “No acatar esas normatividades; que se convierten en el derecho que tienen las comunidades afros de defender su territorio, a través del proceso de Consulta Previa, es prevaricar. Por ello la Fiscalía abrió investigación sobre el particular. Y consideramos que los servidores públicos estaban infringiendo las normas disciplinarias; por es, la Procuraduría Regional de Bolívar, les abre indagación preliminar”.

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