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Lupa Regional

Sumando voces y exigiendo acciones

Columna de opinión de Rafael Vergara Navarro

Ver la torre del Aquarela desde cualquier cono visual, duele y no es solo por el castillo de San Felipe. Pienso en la ciénaga de la Virgen y la bahía, en las coartadas de legalidad, el “business” y sus vivezas, la irresponsabilidad de los responsables, la pasividad y confianza social burlada.

Pienso en los cuerpos de agua porque la remediación del daño pasa por demolerla, y de no preverlo, las miles de toneladas de escombros para algunos serían óptimo material de relleno en una impuesta expansión portuaria, o para seguir cambiando y apropiándose del suelo, por ejemplo, acelerando el otro Pozón entre Tierrabaja y Puerto Rey.

Lo digo porque la permisividad del mal uso de los escombros y la urbanización ilegal, es vergonzosa y una (ir)responsabilidad que compromete al Estado y a Camacol.

El daño al Patrimonio y la confianza en el lucrativo negocio del Aquarela, demuestra la existencia de una legalidad fabricada y su defensa es un acto de cinismo.

¿Será que en verdad son VIS y que solo se comercializó en Cartagena?

Los obligados a cuidar los BIC callaron y pasivos los ciudadanos lo admitimos, conducta similar a la asumida ante el arrasamiento del manglar del anillo vial.

Es un ecocidio e indigna la complicidad de la autoridad con el delito continuado ejecutado a los ojos de todos. Esa tolerancia produce sospecha. La nunca ofrecida reubicación de los invasores potenció que degradaran ecosistema y hoy aleguen, como otros, el “derecho a no tener derecho”. El consejo comunitario obligado por la ley 70 a proteger el territorio calla y, por el riesgo, lo entiendo.

En este medio, otros periódicos y noticieros hemos denunciado el hecho, pero es como hablar a solas.

El descaro es tal que el alcalde local, la policía, la Dimar para ampliar el “loteo” han permitido la apertura de una trocha manglar adentro. ¿Hay acaso algún oculto proyecto de privatizar y urbanizar la margen derecha?

Indigna que no exista poder que obligue a la Fiscalía a perseguir el concurso de delitos, incluido el prevaricato. Cardique es otro cero a la izquierda.

Los líderes de la infamia usan la pobreza, -que es extrema-, para desactivar la reacción de la autoridad ante los delitos contra la naturaleza y acusarnos a los ambientalistas de estar en contra del pueblo.

Luego de 15 años de proceso, ¿cómo explicar que la alcaldía, pasados 2 años, no haya ejecutado la sentencia SC 1727/16 que tumbó una prescripción sobre “un bien de especial protección ecológica que ha sufrido un grave y evidente deterioro ambiental”? Y que siendo su deber no haya ejecutado “la restitución material e inmediata del área afectada, e impedir seguir vulnerando el frágil ecosistema de bajamar de la Ciénaga de La Virgen”? Este desacato es perverso y delictivo.

La debilidad o indiferencia del control social y la autoridad indolente fortalece la informalidad, la incultura de la ilegalidad y la continuidad del delito socializado.

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