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Encarcelan a banda criminal por desplazar a un menor de edad

Los sospechosos señalaron al muchacho de apoderarse de un encendedor.

 

Un Juzgado Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de 10 presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada San Pablo.

Los afectados con esta medida fueron Joaquín Alberto Alzate Fernández, alias Joaco; Jar Janey Posso López, alias Tripas; Henry Alexander Melguizo Restrepo, alias Melguizo; Wilmer Alexander Duque Cardona, alias Kiko; Cristián Giovany Parias Orrego, alias Moneda; Dany Alexander Restrepo Calderón, alias Dany; Luis Fernando Chavarría Marín, alias Empanada, Juan David Marín Duque, alias Pupi y Daniel Alberto Ramírez Gutiérrez, alias Anuel.

Por otro lado, Juan Felipe García Sánchez fue cobijado con medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.

Según la investigación adelantada por un Fiscal destacado ante el Gaula Medellín, el 24 de agosto de 2016 un menor de 13 años de edad se habría apoderado de un encendedor desechable de una tienda del barrio San Pablo de Medellín. Ante este suceso, la dueña del lugar habría imprimido algunas imágenes del menor tomadas de la cámara de seguridad y las pegó en las paredes externas del establecimiento comercial con un letrero que decía: "se busca por rata".

La mamá del niño se ofreció a pagar por el artículo supuestamente sustraído, que según la comerciante tenía un valor de $ 800, sin embargo, le exigió $ 2.000 en total para cubrir los costos derivados de los impresos publicados. Según la denunciante, la propietaria de la tienda no aceptó el dinero por lo que se vio obligada a desprender uno de los carteles para aportarlos en la denuncia.

Al día siguiente, integrantes de la mencionada estructura criminal van hasta la casa preguntando por el niño, la mamá les responde que él ya no estaba en el barrio, y estos le dicen que ella y su familia también se tendrían que ir del lugar o de lo contrario atentarían contra sus vidas, situación que los obligó a abandonar el sector.

 

También son investigados por el secuestro de un presunto jíbaro

Los procesados también son investigados por los hechos ocurridos el 6 de julio de 2017, cuando fue retenido en contra de su voluntad un presunto integrante de la misma banda criminal.

La víctima habría perdido 5 millones de pesos, un arma de fuego y estupefaciente destinado para la venta, y por esto integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada San Pablo lo retuvieron con el fin de asesinarlo, pero el hombre logró escapar.

Horas después, el presunto jíbaro se presentó en la Comuna Uno ante la banda delincuencial para intentar solucionar el inconveniente, pero integrantes de ese grupo se lo llevaron en contra de su voluntad para un inmueble del sector donde fue sometido a tortura física y psicológica. Al hombre lo golpearon, lo ahogaron en un balde con agua, y lo torturaron echándole limón en las heridas que le provocaron con arma blanca.

Los ilegales le exigieron al secuestrado 8 millones de pesos para dejarlo libre, de lo contrario lo asesinarían, lo picarían y le enviarían a su madre una parte de su cuerpo.

Dos días después, los ilegales dejaron en libertad a la víctima cuando notaron la presencia de funcionarios del Gaula de la Policía. Los uniformados encontraron al hombre en vía pública en mal estado de salud y lo llevaron a un centro asistencial. También fue valorado por un médico legista quien documentó la tortura a la que había sido sometido.

Por este hecho ya se presentó escrito de acusación en contra de Erminsul Sánchez Arango, alias Lucifer.

Los 10 procesados no aceptaron los cargos imputados por delitos como concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y secuestro extorsivo agravado.

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