Demandan a la Nación por proyecto de Hidroituango

El abogado Rafael Moreno Cuello , en representación de 517 familias de pescadores, interpuso ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia una demanda al proyecto de Hidroituango por los daños causados a pescadores desde que s e inició la obra que mantiene en vilo al país desde hace más de un mes.

La demanda pretende que los pescadores de los municipios de Cáceres, Nechí, Caucasia, Tarazá y Zaragoza, en Antioquia, agremiados en diversas asociaciones, sean indemnizados económicamente por los perjuicios recibidos.

A un cuando con la emergencia surgida desde el mes de abril ha agravado la situación de los pescadores y otros pobladores que derivan su sustento del río Cauca la demanda data desde el año anterior.

De acuerdo con el Abogado Rafael Moreno Cuello, quien reside en Sincelejo, Hidroituango no ha cumplido con compromisos que le fueron impuestos al momento de otorgarles la licencia ambiental.

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Los compromisos, entre otros, contemplaba la implementación de proyectos productivos para sustituir parte de las ganancias de los pescadores por su actividad en el rio, según el abogado.

La demanda no es solo contra el proyecto sino que involucra también a la Nación a través de los ministerios de Medio Ambiente, Minas y Energía, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Empresas Públicas de Medellín (EPM), Departamento de Antioquia, Corporación Autónoma Regional de Antioquia, e Instituto Para el Desarrollo de Antioquia (Idea) como causantes del daño contingente y permanente a los pescadores.

“la acción de grupo se caracteriza por un grupo , valga la redundancia, como mínimo 20 personas estén afectadas por una acción u omisión las unas por acción y las otras por omisión” dijo el abogado Moreno.

Explicó que, de acuerdo con su teoría, para los fines de esta acción, el grupo de pescadores no necesita demostrar una falla en la planeación del proyecto, porque este tipo de actividades son consideradas peligrosas, la construcción de presas, quien sufre un daño está libre de tener que demostrar la responsabilidad del otro.

Estimó que el Proyecto Hidroituango causó daños a los pobladores de los municipios mencionados al conculcarlea el derecho fundamental de percibir un mínimo vital y alterarle sus condiciones de vida ancestral con ocasión de la planeación, construcción y llenado de la presa.

La demanda por perjuicio material y lucro cesante, es de un salario mínimo legal para cada una de las 517 familias desde marzo 14 de 2017 cuando por primera vez les pidieron indemnización.

Asegura en su demanda el abogado Moreno Cuello que el proyecto originó un desequilibrio ecológico que alteró el recurso pesquero del que derivaban sustento a sus poderdantes.

Añade que el pago debe ser hasta que se restablezcan las condiciones para que los pescadores sean autosuficientes.

La demanda también contempla como medida cautelar que se condene a los demandados a pagar tres salarios mínimos legales vigentes por el término de tres meses o por el término que el Tribunal considere razonable con ocasión de la actual emergencia.

Estos recursos serían destinados para el pago de la manutención de las familias demandantes y un salario más para arriendo y transporte de cada núcleo familiar.

“no estamos demandando por grandes cantidades de dinero para estas familias, es un salario mínimo mensual, muchas de estas familias con su actividad devengaban hasta tres o cuatro salarios pero eso es difícil de demostrar porque ellos no llevan contabilidad” sostuvo Moreno.

En dinero, según el abogado Moreno Cuello, la cifra estaría por el orden de los $102.733.323.

Esta e s la primera demanda presentada contra el proyecto por los daños causados por el proyecto Hidroituango.

El abogado, residente en Sincelejo, aseguró no temer que con ocasión de la emergencia se le tilde de oportunista.

“yo seré un oportunista de defender caudas de vulnerables y me placería el titulo si llagasen a decir, por el contrario no me atemorizo” sostuvo.