Condenado el exsecretario de Desarrollo Social de Pereira

Cinco años de cárcel es la condena que recibió Jhon Jairo Lemus, el secretario de Desarrollo Social para el año 2016 en la Alcaldía de Pereira, por el sonado caso del desfalco de los recursos de la estampilla pro adulto mayor, por un monto de 700 millones de pesos.

Esos dineros estaban destinados para beneficiar a 93 abuelos de Pereira en condición de vulnerabilidad, pero por medio de cuatro contratos irregulares Lemus, otros funcionarios de la administración municipal y algunos contratistas se adueñaron corruptamente de esos recursos.

Este proceso dejó a otras cinco personas condenadas, algunas de ellas que aún trabajan en esta administración que dirige Juan Pablo Gallo.

La ex secretaria de Población Vulnerable, Diana Carolina Sánchez Lema, que participó en los cuatro contratos corruptos, deberá pagar 6 años de prisión.

Otros condenados son Diana Inés García Benítez, contratista, representante legal de Fedusa y Alejandro Ospina Coll, exempleado de la Alcaldía de Pereira quienes pagarán 48 meses en prisión cada uno.

Libardo López Guerrero, otro contratista, representante legal de la fundación Fundacol pagará 57 meses de cárcel. Carlos Alberto Valencia otro contratista, representante legal de la fundación Jóvenes del Presente recibió una condena de 39 meses.

Ospina Coll López Guerrero y Valencia estaban bajo el beneficio de prisión domiciliaria, pero por tratarse de delitos contra la administración pública les revocaron la medida y los enviaron a la cárcel.

Los cinco capturados ya habían sido capturados desde el 6 de mayo del año pasado, luego de que la Personería de Pereira les compulsó copias por estas conductas corruptas.

Los reportes de la Fiscalía aseguran que estas personas crearon identidades carentes de idoneidad para contratar, generaron facturas y cuentas de cobro falsas para el pago de terapeutas, sicólogos y convenios de hogares de atención inexistentes.

También relatan que hubo compras ficticias de dotaciones, camas y alimentos, entre otros productos para el cuidado integral de los adultos mayores sin base ni sustento legal.

En tres de las fundaciones aportaron documentos falsos para acreditar la idoneidad, requisito fundamental para poder otorgar el contrato, y una vez cumplido continuaban emitiendo facturas por compras elevadas y ficticias, cuentas de cobro para profesionales que presuntamente prestaban servicios en cada una de las fundaciones a través de talleres y terapias, sin hallarse los comprobantes exigidos como listas de asistencia o fotografías del evento.

La Fiscalía también asegura que falsificaron firmas de beneficiarios, emitieron falsos conceptos satisfactorios y de experiencia para sedes, fundaciones y hogares de atención al adulto mayor, para así apropiarse del dinero de manera más rápida.

Con todas esas conductas irregulares, según la Fiscalía, estos excontratistas y exfuncionarios engañaron a personas jurídicas y naturales para obtener firmas de certificados de actividades y servicios no realizados, incluso registrando adultos mayores fallecidos o expulsados, como beneficiarios vigentes.

Los cinco condenados tuvieron el beneficio de una rebaja del 50% de la pena a imponer, ya que aceptaron los hechos irregulares e hicieron un preacuerdo con la Fiscalía que los acusó de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.

Ya había una condena

Por este caso la representante legal de la Fundación Sexto Sol, Lina María Sierra ya había sido condenada a cinco años de prisión. Ella no acredito ni la experiencia exigida ni los requisitos de ley necesarios para celebrar contratos con el estado.

Por su parte Shirley Xiomara Ramírez Barco, otra de las imputadas en este proceso, prefirió no aceptar ninguna culpabilidad y continuar con la formulación de cargos y posteriormente el juicio oral.