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Personería de Cartagena hizo llamado a venezolanos para censarse

En la ciudad de Cartagena, fueron habilitados cinco puntos para el Registro Administrativo de Migrantes del vecino país

La Personería Distrital de Cartagena de Indias, empezó a brindar acompañamiento al censo convocado por el Gobierno Nacional, para identificar a los ciudadanos venezolanos que han ingresado a Colombia.

El Ministerio Público anunció que para el registro de estas personas fueron habilitados cinco puntos en la ciudad, como son: La Biblioteca Jorge Arte,l en el Socorro, Casa de Justicia de la Localidad Dos, en Chiquinquirá, Casa de Justicia de Canapote, Casa de Atención al Migrante y Alcaldía Localidad Uno, en Santa Rita.

Carlos Torres, jefe de la Oficina de Atención a Víctimas, informó que para el censo sólo aplican personas de nacionalidad exclusivamente venezolana y no aquellos quienes gozan de la doble nacionalidad.

Esta actividad se enmarca en la Ley 1873 de 2017, la cual en su artículo 140, establece que “el Gobierno Nacional en atención a la emergencia social que se viene presentando en la frontera con Venezuela, diseñará una política integral de atención humanitaria y asignará los recursos en la vigencia fiscal a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”.

Citando el decreto que reglamenta el censo, Torres informó que “el Registro Administrativo de Migrantes venezolanos, se llevará a cabo durante un plazo de dos (2) meses contados a partir del 6 de abril de 2018 y podrá ser prorrogado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”.

“El registro administrativo de migrantes venezolanos en territorio nacional tiene efectos informativos y no otorga ningún tipo de estatus migratorio, no constituye autorización de permanencia o regularización, no reemplaza los documentos de viaje vigentes, no genera derechos de orden civil o político, ni el acceso a planes o programas sociales u otras garantías diferentes a las dispuestas en la oferta institucional de las entidades del Estado, de conformidad con las normas legales vigentes”, estable uno de los apartes del decreto 542, expedido por el gobierno nacional, el pasado mes de marzo.

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