Diez contratos de casi 1.500 millones incumplen ley de Garantías en Boyacá

Tunja (Colombia)

La Auditoría General de la República evidenció que se trata de contratos suscritos a comienzos del 2018 por entidades territoriales fuera de la ley de garantías.

La ley de garantías electorales expedida con la Ley 996 de 2005, es una norma que surge para que las campañas presidenciales se desarrollen sin evidencia de proselitismo, evitando la injerencia de recursos públicos y el apoyo de los gobernantes de las regiones en las campañas presidenciales.

El principal objetivo de la Ley consistió entonces en regular la igualdad electoral entre los candidatos a la presidencia en periodo de campaña presidencial. Se pretendieron varias cosas: Dar garantías a los demás candidatos y a la oposición; Regular la participación en política de los servidores públicos; Establecer el derecho al uso equitativo de los medios de comunicación, y Fijar la financiación preponderantemente estatal de las campañas.

Llama la atención de la Auditoría General de la República la violación a normatividad de la Ley de Garantías, por cuanto la administración territorial suscribió un importante número de contratos con posterioridad a la entrada en vigencia de la misma Ley.

Del análisis realizado por este organismo de control a la información reportada por las entidades territoriales, se encontró que entre el 27 y el 31 de enero del presente año, se celebraron un total de 10 contratos que superan los $1.455 millones de pesos, en los municipios de Sogamoso y Nobsa, del departamento de Boyacá.

Los contratantes señalados son: La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso – COSERVICIOS (Boyacá), con la cual se suscribieron 5 contratos de algo más de $1.314 millones de pesos; y la Alcaldía del Municipio de Nobsa (Boyacá), con 5 contratos de más de $141 millones de pesos.

Junto con estos contratos que se suscribieron por fuera de la entrada en vigencia de la ley de garantías, se encontraron 76 más en otros entes territoriales del país, comprometiendo alrededor de 3.146 millones de pesos en todo el país.

De acuerdo con la Auditoría General, y a propósito de este hallazgo de incumplimientos a la normativa de la ley de Garantías Electorales, cabe preguntarse si, luego de más de trece años de vigencia de la ley, ha sido realmente efectiva y si se han cumplidos sus postulados y objetivos especialmente cuando el momento político es distinto.

“La alerta para la Ley de garantías es evidente. Por eso la propuesta de la Auditoría General de la Republica es que se revise dicha norma y se evalué el grado de efectividad y conveniencia de la misma, para evitar desgastes innecesarios a la administración pública y cumplir adecuadamente con la planeación presupuestal apropiada para la vigencia”, recalcó el Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez.

Y es que para el auditor general, “el país ha continuado con la aplicación de la Ley de Garantías electorales, que rompe con el periodo normal de la contratación pública y crea una celeridad provocada en los procesos contractuales, que incrementa el riesgo de cometer errores y degenera la contratación. Acudimos así a una especie de parálisis del estado y a un desorden generalizado en la ejecución de los recursos públicos”.