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Cartel de la Hemofilia

Contraloría abre nuevos procesos de responsabilidad fiscal en Bolívar

El organismo de control investiga pagos al parecer irregulares por Hemofilia y enfermedad de Von Willebrand

En el caso de la Gobernación de Bolívar, la Contraloría General de la República, desde su Unidad Anticorrupción, abrió igualmente un Proceso de Responsabilidad Fiscal al evidenciarse que la Secretaría de Salud Departamental realizó una serie de pagos en cuantía superior a los $20 mil millones de pesos, por la supuesta atención integral de pacientes hemofílicos, que deberían haber sido asumidos por las EPS donde los mismos se encontraran afiliados, teniendo en cuenta que los servicios médicos para el tratamiento integral de dicha enfermedad, se encontraban cobijados dentro del POS.

Sin embargo, obviando la reglamentación vigente sobre la materia, la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar, realizó pagos a la Fundación Ciénaga de la Virgen, por la atención integral de pacientes hemofílicos, así como también a la IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud IPS S.A.S. – ASISTEGRAL, por la atención integral de pacientes hemofílicos.

De todos los pagos efectuados, a la Gobernación de Bolívar sólo le correspondía asumir lo relativo al pago de las Unidades por Capitación – UPC, como producto de la afiliación de los pacientes al sistema de seguridad social, dentro del régimen subsidiado.

Presuntos responsables

La Contraloría General de la República llamó a responder en calidad de Presuntos Responsables al ex Gobernador del departamento de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini, quien en su calidad de representante legal del ente territorial es quien fungía como ordenador del gasto, así como a las mencionadas IPS beneficiarias de los pagos y sus representantes legales.

La entonces Secretaria de Salud Departamental Ana María del Carmen Álvarez Castillo también se encuentra vinculada al Proceso de Responsabilidad Fiscal, junto con Bertha María Pérez Jiménez, quien ocupó la misma posición en calidad de encargada. También ha sido llamada a responder la Directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud, Nacha Newball Jiménez.

El auditor médico del departamento para la época, Luis Eduardo Ortiz Herrera, ha sido igualmente vinculado al proceso.

Más procesos en Bolívar

En el mismo sentido cursa otro proceso, éste impulsado por la Gerencia
Departamental Colegiada de la Contraloría en el departamento de Bolívar, por el pago de más de $2 mil 215 millones de pesos, provenientes de recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, destinados a la Población Pobre No Cubierta con subsidios a la demanda, por las vigencias 2011, 2012 y 2014.

A pesar de tratarse también de medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, la administración departamental de Bolívar, a través de su Secretaría de Salud, pagó a favor del Hospital La Divina Misericordia de Magangué ESE, la suma de $2.215.161.095, habiendo debido operar el llamado procedimiento de recobro, claramente regulado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Se trataba entonces de pacientes que, por sus condiciones socioeconómicas, pertenecían al régimen subsidiado en salud, y pertenecían por tanto a la población pobre vulnerable beneficiaria de dicho régimen. La Secretaría Departamental de Salud de la Gobernación de Bolívar ha debido prever el procedimiento de recobro, aún más después de haber consultado las correspondientes afiliaciones a las distintas EPS de cada uno de los pacientes atendidos.

De haber cumplido el procedimiento previsto para un caso como el descrito, la Gobernación del departamento de Bolívar no habría tenido que pagar las altas sumas de dinero que terminó cancelando, por concepto de paquetes integrales de atención a los mencionados pacientes hemofílicos y con Von Willebrand; y si hubiera tenido que asumir dichos costos, ha debido iniciar los procesos de recobro ante las correspondientes EPS.

Del total pagado por la Gobernación de Bolívar, el valor no recobrado a las EPS y por lo tanto la cuantía del presunto daño fiscal, corresponde a la suma de $124 millones de pesos, aún sin indexar.

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