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Procuraduría cuestiona desplazamiento forzado por combates en Boyacá

El ministerio público requirió al gobernador de Boyacá y otras entidades, un informe sobre las acciones para prevenir el desplazamiento masivo.

Desplazamiento forzado /

Por hechos violentos ocurridos en los límites entre Boyacá y Casanare, La Procuraduría Delegada para la Defensa de los DDHH, con base en una alerta de la Defensoría del Pueblo, solicitó a las autoridades de Boyacá un informe sobre las medidas que tomaron para proteger a la población y evitar el desplazamiento.

La medida de la Procuraduría recae sobre el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez; al alcalde de Paya, José Roldan Maldonado Pérez; el Comandante de la Segunda División del Ejército, brigadier general Jaime Agustín Carvajal Villamizar; y el Comandante de Policía Boyacá, coronel Juan Darío Rodríguez Martínez.

En el informe, las autoridades mencionadas deberán rendir un informe de las acciones para proteger la vida de tres familias que abandonaron sus viviendas luego de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN, en la vereda Altamira en el municipio Pisba (Boyacá), motivo por el cual otras personas de la comunidad de Paya se encuentra en riesgo de desplazamiento forzado.

Hay que señalar que en esos combates en conjunto entre el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, denominados operación Sarare II, murió alias 'Arturo Pimpón', cabecilla del frente oriental del ELN.

El Ministerio Público evaluará las respuestas de los entes territoriales para definir la procedencia de acciones disciplinarias, si hubiere lugar.

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