Coartadas de Legalidad I

Cartagena de Indias

Cuando como tragicomedia la historia se repite, la realidad duele y desnuda lo que somos como sociedad, ciudadanía y Estado. La solidez de lo construido valoriza e identifica pero la omisión, perversidad e impunidad condena, expresa madurez o inmadurez de las instituciones, la cultura o incultura ciudadana, la formalidad e informalidad, libertad o libertinaje en que vivimos.

Por tradición soy optimista y entiendo que a algunos les sobren razones para dejar de serlo, pero si amamos la ciudad nos llegó la hora de hacer conciencia de cuanto, por acción u omisión, hemos contribuido a alimentar la crisis existente reflejada en el informe de Cartagena como Vamos, y exigir un férreo ejercicio de autoridad, que tanto hace falta e la ciudad.

Todos los sectores y ciudadanos conscientes estamos obligados a cambiar: activarnos y reaccionar ante la ilegalidad, dejar la comodidad, el silencio, la complicidad pasiva y el aplauso a la viveza y lo indebido, enfrentar, aportar denuncias y salidas para superar la crisis que vivimos.

Es claro que la inequidad y la injusta distribución de la riqueza son causa y estímulo de la informalidad, la contravención y el delito que constriñe, pero es más cierto que su continuidad es insostenible.

La inmadurez democrática es dramática: con la peor imagen en el país, tenemos un exalcalde preso y un concejo con 11 de sus 19 miembros sub judice por negociar la cabeza del ente de control distrital, medida que se extiende a la contralora y la exsecretaria general de la Alcaldía. Habrá elección atípica de alcalde pero, ¿qué pasará con un concejo sin quorum?

El reiterado relajamiento o clientelización de controles generó, según la Procuraduría General, que haya más de 50 edificios ilegales y que la Juez Tercera Penal ratificara el discutido informe de la Universidad de Cartagena ordenando al distrito el desalojo socializado de los habitantes de 16 edificios, 14 de ellos vendidos por los Quiroz y construidos con dolo, sin cumplir con la norma sismo resistente, sin diseños estructurales y con materiales de baja calidad.

Por fortuna los culpables del desplome del edificio Blas de Lezo II con 21 muertos y 23 heridos –sin la casa por cárcel del jefe- la Fiscalía vinculó a la familia completa, y por supuesto solicitado al Juez que además de apresarlos, con la riqueza acumulada por la ilegalidad, contribuyan a resarcir el daño patrimonial de los compradores de buena fe. Y uno se pregunta ¿nadie en el proceso de “legalización” se percató de las ilegalidades cometidas? ¿Acaso el Distrito es el único responsable?

Mientras discutíamos la elaboración del PEMP, con una coartada de legalidad irrumpe el edificio Acuarela. Una resolución para vivienda de interés social (VIS) da pie al curador 1 para ignorar el límite de altura del POT y la condición de Patrimonio del Castillo de San Felipe, autorizando 5 enormes torres a 1 metro más de los 200 de la zona de influencia, según escuché a la Mincultura. No hay derecho a tanta desfachatez.

¿No dudo que entre los damnificados haya compradores beneficiarios VIP pero me pregunto si los dueños del proyecto han puesto o no en venta los apartamentos fuera de la ciudad.

¿Cuántos de los compradores son VIS y son de aquí?