Cedetrabajo demandará, por ilegal, el aumento en la tarifa de Transcaribe

Cartagena de Indias

El director del centro de estudios del trabajo capítulo Cartagena, Cedetrabajo, Leonardo Jiménez, anunció que esa entidad demandará el aumento de la tarifa del sistema integrado de transporte masivo Transcaribe, porque se basó en un estudio técnico ilegal, calculado con un incremento del salario mínimo incorrecto, y que inclusive la tarifa está sesenta pesos por encima de lo que recomendaba dicho estudio técnico.

“Realizamos una investigación y un análisis detallado sobre el decreto 1537 del 2017 que aumentó en un 9,51% el valor de la tarifa de Transcaribe. Este fue un decreto que el estudio técnico que lo soportó no fue bien realizado, las proyecciones que se utilizaron para calcular la tarifa técnica no fueron las más adecuadas. Dentro de las variables que se utilizaron, se utilizó un incremento del salario mínimo de un 7,90%, y el aumento decretado por el Gobierno fue del 5,90%. Ese elemento señala que el cálculo no fue realizado”, sostiene Jiménez.

Según Cedetrabajo, los resultados del estudio técnico señalaban que el valor de la tarifa para 2018 debía fijarse en 2.240 y no en 2.300 pesos. “Se aumentó la tarifa por encima de la recomendación que hace el estudio técnico. Hicieron la aproximación hacia arriba”, señala Jiménez.

“Si multiplicamos esos sesenta pesos de la diferencia, por el número de pasajeros diarios (que según el sistema son más de cien mil, mensualmente tres millones) quiere decir que a los cartageneros les están sacando 18 mil millones de pesos anuales de más, que no tienen soporte en el estudio técnico, y que van al fondo de contingencia del sistema para que se distribuyan entre los operadores privados y cumplir con la inmensa tasa de ganancia que tienen, del 15%, y es una decisión completamente inconveniente para la ciudad”, denuncia Cedetrabajo.

Jiménez afirmó que el equipo jurídico de Cedetrabajo tiene preparada una demanda contra el aumento en la tarifa del sistema, y que procederán en las instancias jurídicas que sean necesarias. “El soporte técnico del decreto es ilegal. Ese decreto no está acorde al ordenamiento jurídico, no debe seguir vigente, afectando el bolsillo de los cartageneros”, concluyó.