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Sandra Patricia Devia fue designada como gobernadora encargada de Córdoba

La decisión la tomó el presidente Juan Manuel Santos tras la suspensión de Edwin Besaile.

Sandra Patricia Devia Ruiz, quien actualmente se desempeña en el cargo de Directora de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior, fue encargada de la Gobernación de Córdoba en cumplimiento de un auto de la Procuraduría General de la Nación, mientras se designa gobernador por el procedimiento de la terna, señala el Decreto 116, que ordena la suspensión del Gobernador electo en las elecciones de octubre de 2015, Edwin José Besaile Fayad.

El gobernador de Córdoba fue suspendido provisionalmente de su cargo por la Procuraduría General por el llamado cartel de la hemofilia.

La Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa investiga el pago de más de $1.500 millones de pesos a la IPS San José de La Sabana .S.A.S., para la atención de 14 falsos pacientes presuntamente diagnosticados con hemofilia.

La suspensión provisional fue ordenada para evitar que el gobernador Besaile Fayad interfiera con el trámite de la investigación, teniendo en cuenta el grado de subordinación de los funcionarios que intervinieron en el trámite de los pagos a la IPS.

Entre las pruebas que fueron tenidas en cuenta por la Procuraduría figura la declaración a un medio radial donde el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, aseguró que su sucesor en 2016 siguió pagando las cuentas por la atención a falsos pacientes de hemofilia.

Así mismo, una auditoría de la Contraloría General de la República que estableció en más de $1.500 millones los pagos por parte de la gobernación a la IPS San José de La Sabana.

También obran en el expediente declaraciones de los presuntos pacientes y del hematólogo que había certificado a los enfermos de hemofilia, quien denunció que su nombre y su firma fueron falsificados.

Para la Procuraduría las presuntas irregularidades del gobernador Besaile Fayad giran en torno a la infracción de disposiciones que posiblemente constituyen faltas gravísimas y graves relacionadas con haber permitido o tolerado el incremento injustificado en el patrimonio propio o de terceros, así como la omisión de deberes en el proceso de seguimiento y control de los recursos presupuestales del Sistema General de Participación –SGP.

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