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Lupa Regional

Que las aguas no nos pasen la cuenta

Columna de opinión de Rafael Vergara Navarro en Caracol Radio Cartagena.

Cuando decidimos con David Sandoval presentar la Acción Popular que ordenó la reubicación digna de Marlinda y Villagloria y la recuperación ambiental de la zona que ocupan, además del alto riesgo y de parar la depredación, una de las motivaciones era lograr un cambio que rescatara el ejercicio de autoridad sobre los bienes de uso público protegidos.

Duele decirlo esto está lejos de pasar. A 6 años de iniciada la Acción Popular y 17 meses de proferido el fallo nada de lo ordenado se ha hecho, la Alcaldía ha ignorado su obligación.

Nuestra idea de que por tratarse de lograr, por fin, la defensa constitucional de la integridad del Territorio y la soberanía, el presidente, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía fueran obligadas por la justicia a cumplir su función misional y ejercer control eficaz de la zona de bajamar, al no lograrse nos condenó a seguir sin que la Fiscalía persiga, desmantele y sancione a quienes allí y en el resto de las zonas de bajamar, paren las asociaciones y conciertos delictivos y por tal la impune feria de ocupación y venta de bienes de uso público. El Estado se niega a testicularse.

Tanto el Tribunal Administrativo como el Consejo de Estado al fallar optaron por seguir en el más de lo mismo al cargarle toda la responsabilidad, el costo y a enfrentar la impunidad con que se ha invadido en la ciudad a la exclusiva omisión del Distrito, instándolo a que ahora –sin obligar a la fiscalía- ejerza con Cardique y la Dimar mayor vigilancia cuando se reubiquen las 660 familias y se restituya a la Nación el Territorio. Además, les ordena mayor esfuerzo en el de control y reconstrucción ambiental. ¡Vea usted!

En el fallo para la reubicación, en 3 meses el alcalde, -van 17- debía presentar al Tribunal el Plan de Acción técnicamente elaborado y este convocaría al comité de Verificación para que en el mes siguiente presentara sus recomendaciones.

Ese comité cuya función es constatar la ejecución de las órdenes contenidas en la presente sentencia lo deben integrar David Leornardo Sandoval Meléndez, en calidad de actor popular; ii) un representante de la Personería Distrital de Cartagena; iii) un representante de la Defensoría del Pueblo; iv) un representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); v) un representante del Distrito de Cartagena; vi) un representante de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE); vi) un representante de la Dirección General Marítima (DIMAR); vii) un representante del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; viii) el Agente del Ministerio Público delegado ante el Tribunal Administrativo de Bolívar; ix) un representante de la comunidad de Marlinda y un representante de la comunidad de Villagloria; y x) por el Magistrado Ponente de la Sentencia de primera instancia que se profirió en este proceso”.

Según los términos de la sentencia la aprobación del plan por el Tribunal tenían que haberlo realizado dentro de los 6 meses siguientes y la ejecución total, incluida la reubicación y restitución, debería hacerse en un plazo máximo de 4 años. Esa cronología ante irresponsabilidad o desacato de la Alcaldía ya se corrió, todo sigue cual si existiera la obligación de pensar en el alto riesgo, el cuidado y protección ambiental, el ejercicio de autoridad sobre el territorio que es de todos.

El Consejo de Estado, como compensación al no reconocer que la obligación principal corresponde a quienes han debido cumplir con su función de impedir la afectación de la zona de bajamar, del delta de la ciénaga con el mar, exhortó al ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para que coordine con el Distrito la ejecución de sus planes y programas, le preste asesoría, cooperación y asistencia técnica, y “coadyuve en la planeación, ejecución y eventual financiación del proyecto de reubicación de estas comunidades”.

A la fecha nunca se ha conocido de su necesaria y urgente presencia.
Y bueno, ni que decir del Concejo Distrital al que le fue impuesto por la sentencia la obligación de incluir el Presupuesto, que está en discusión, la partida para el plan de reubicación de Marlinda y Villagloria que debe contemplarse en el Plan de Desarrollo y en el POT, y le exige que modifique el art 201 y excluya la zona del concepto de redesarrollo, toda vez que por ser de bajamar, trascendental para el mantenimiento del ambiente y de alto nivel de vulnerabilidad marina, no puede ser objeto de urbanización de ninguna índole.

Así estamos, prisioneros del silencio, la abulioa administrativa o el desacato, una inadmisible inacción social frente a este complejo esfuerzo de parar la destrucción ambiental de un vital sector de la ciénaga, prevenir una tragedia anunciada al reubicar las 551 viviendas, 660 familias y 2303 pobladores de Marlinda y Villagloria.

Parece que la sociedad civil, la institucionalidad, los gremios, las JAC no valoran la recuperación de la integridad del Territorio ni el beneficio social de que la justicia ordene que 660 familias sean adaptadas frente al cambio climático en viviendas dignas y protegidas, de 30 m a máximo 2 kms de la orilla del mar.

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