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Lupa Regional

¿Sangre o chicha de arroz?

Opinión de Rafael Vergara en Caracol Radio Cartagena.

En el país y especialmente en Cartagena de Indias la debilidad del control social y de los cooptados órganos de control local son unos de los ingredientes para que se incumpla la ley y los fallos judiciales se desacaten.
El otro y más grave es la incultura de la ilegalidad.

Como es obvio, al suceder, los conflictos no se desactivan, los infractores se favorecen, la justicia no se descongestiona y la fe en la solución judicial se pierde. Ese desgaste y la impunidad resultante no nos permite salir del insoportable círculo vicioso.

Hoy precisamente me referiré a una denuncia que hice en el diario EL Universal el 11 de Marzo de 2017, hace ya 7 meses.

En su momento lo hice porque fui promotor del juicio y mi indignación creció ante la respuesta de la exsecretaria jurídica de la alcaldía a la procuradora ambiental sobre por qué, pasado un año, incumplió la sentencia SC1727/2006 que ordenó anular la prescripción adquisitiva otorgada a Aníbal Olier y recuperar el bien de uso público usurpado en La Boquilla.

Obligado el Distrito a acatar el fallo y cumplirle a la Corte Suprema, ejercer autoridad, recuperar el Territorio “protegido”, defender la Soberanía y la legalidad, aduce que hasta tanto el Incoder hoy la Agencia Nacional de Tierras no dictamine sobre el deslinde de la ‘propiedad’, -que según la Corte no existe-, no puede ser patrimonio público. Óigase bien: lo que es real y judicialmente no puede ser siéndolo hasta tanto un órgano administrativo define si la ciénaga es ciénaga.

Suena absurdo porque la conducta omisiva lo es, la alcaldía irrespeta el fallo y la autoridad que forzada participó en el proceso demandando la revisión de la prescripción, legitima la inconsistente coartada de ‘legalidad’ urdida para incumplirlo.

Con complicidad del Incoder, ese sofisma lo urdió la abogada de Hernán Bohórquez, invasor que colinda con Olier y a quien le compró parte de la ‘posesión’ en la zona de bajamar dominada. Siameses en la depredación contra ambos recurrí. El 23 de septiembre del 2003 logré que la magistrada Betty Fortich ordenara que en 30 días Bohórquez, a sus costas, procediera en la margen izquierda del anillo vial a “extraer el relleno efectuado en el terreno (…).demoler las sabaleras y obras de infraestructura, retirar los escombros, restablecer el flujo de las aguas y reforestar con mangles. También que desalojara el lugar y restableciera el ecosistema”.

La magistrada integró en un comité a la Alcaldía, Cardique y la Procuraduría Agraria, obligados a verificar el cumplimiento. No lo hicieron y las tres entidades en justicia tienen una deuda. Sé que la procuradora ha exigido sin lograrlo el cumplimiento de esta sentencia.

¿Cómo salir del círculo vicioso si el Distrito, con 16 años de proceso, sigue condicionando ejecutar la sentencia que involucró a las máximas autoridades judiciales del país?

¿Cómo es que un ‘deslinde’ imposible valga más que la sentencia de la Corte Suprema que dice que “las pruebas evidencian -tal como lo concluyó la Corte Constitucional en la tutela que consideró viable el recurso de revisión- que el inmueble objeto de la acción de pertenencia no sólo es un bien de propiedad del Estado sino que, además, es un recurso natural de especial protección?”

La prescripción se revisó porque “violó tan gravemente el ordenamiento jurídico, que la aceptación de la figura de la caducidad de la acción pondría en crisis la legitimidad del sistema de derecho patrimonial”. “Probado –continúa- que el inmueble objeto de estudio (...) es un bien de dominio público, inalienable, imprescriptible e inembargable (…) nada se opone para que el Estado haga valer sus prerrogativas inalienables frente a una decisión que se encuentra por fuera del ordenamiento constitucional y legal”.

Y advierte “que por tratarse de un bien de especial protección ecológica que ha sufrido un grave y evidente deterioro ambiental, es deber de las autoridades distritales tomar las determinaciones para la restitución material e inmediata del área afectada, e impedir seguir vulnerando el frágil ecosistema de bajamar de la Ciénaga de La Virgen”.

¿Ordenó la alcaldía cancelar la matrícula inmobiliaria? Si, lleva más de un año y siete meses en el propósito pero el tema va más allá.

¿Hay o no desacato?

Es un tema de Soberanía

¿Será que por las venas de los funcionarios en vez de sangre circula chicha de arroz?

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