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El alcalde de Pereira apeló su pérdida de investidura reclamando que no hubo culpa en su actuación

En las últimas horas se hizo público el texto de la apelación presentada por la defensa ante el Consejo de Estado, buscando que se tumbe la decisión primera del Tribunal de Risaralda.

Pereira

En la fecha límite que tenía la defensa de Juan Pablo Gallo para apelar, se presentó el documento a través del cual se busca que el Consejo de Estado tome una decisión diferente a la del Tribunal Administrativo de Risaralda que en una primera instancia decretó la pérdida de investidura al entonces concejal y hoy alcalde.

Entre los argumentos de los abogados se insiste en que aunque existió la conducta (votar durante la elección del contralor de la época y no declararse impedido a pesar de que tenía en su contra una investigación en la Contraloría) no se actuó con culpa.

Otro de los planteamientos es el de "la inexistencia de antijuricidad y de tipicidad en la conducta del implicado", lo que significa que para la defensa no se configuró la falta a la que hace alusión el demandante y que fue sancionada en primera instancia por el Tribunal.

La defensa de Gallo reiteró ante el Consejo de Estado que considera que el Tribunal decidió la pérdida de investidura basado en un prejuicio cultural y en un "estropicio constitutivo de la falacia anfibológica", lo que significa para la defensa que hubo interpretación errada de los hechos que se supone llevaron a la comisión de la falta del conflicto de intereses.

Se destaca en el documento que acuden a reclamar la violación del requisito de inmediatez porque la demanda se presentó nueve años después de ocurridos los hechos, y proponen que en este tipo de casos de pérdida de investidura debería regir la necesidad de que la demanda se presente al momento de la ocurrencia d elos hechos.

En el décimo argumento presentado ante el Consejo de Estado por la defensa, de nuevo ataca la idoneidad del Tribunal, al manifestar que, "como juez de la legalidad contencioso administrativa no quiso quitarse la venda, porque prefirió no ver". 

Ahora está en manos del alto tribunal decidir en segunda y última instancia la suerte del alcalde Juan Pablo Gallo.

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