Contraloría revela ocupación ilegal de playas en Santa Marta, le pide a Fiscalía abrir investigación

Santa Marta

Grandes condominios se han apoderado ilegalmente de las playas de la zona de Pozos Colorados en Santa Marta, sin que autoridades como el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente, Dadma, (hoy Dadsa), adelanten acciones para impedir los perjuicios ocasionados, determinó una Actuación Especial adelantada por la Contraloría General de la República.

Los Condominios Cabo Tortuga y Sierra Laguna se encuentran entre los que están incurriendo en esta irregularidad, afectando el sistema de humedales costeros del Lago El Dulcino.

También se cuestiona a los constructores del Edificio Sierra Beach Resort, que están produciendo graves afectaciones ambientales por descarga de sedimentos sólidos al lago.

La Contraloría estableció además vertimientos ilegales por parte de varios edificios, hoteles, apartahoteles, condominios y restaurantes, cuya lista se revela más adelante.

No hay acciones efectivas para evitar estos perjuicios

Para el organismo de control, las autoridades ambientales del Distrito de Santa Marta no han adelantado acciones efectivas para impedir los graves perjuicios ambientales causados por la ocupación y uso indebido de bienes de uso público, en las zonas de Playas y Bajamar.

Esta es la principal conclusión de una Actuación Especial adelantada con el objetivo de “evaluar la presunta ocupación de bienes de uso público en la zona denominada Pozos Colorados, ubicada en jurisdicción del Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta – Departamento del Magdalena, con corte a junio de 2017”.

De la Actuación realizada queda claro que las autoridades de territoriales y ambientales no han tomado las medidas protección a los derechos o intereses colectivos, para proteger y restituir los bienes de uso público y tampoco han garantizado el goce de un ambiente sano.

Puede haber responsabilidad penal

La Contraloría alertó también sobre la protección a áreas de especial importancia ecológica y el goce del espacio público y la defensa de los bienes de uso público que están siendo amenazados o violados por particulares.

Esta situación llevó a que el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, solicitara la intervención de la Fiscalía General de la Nación.

En oficio dirigido al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, manifestó que “las gestiones adelantadas evidenciaron situaciones irregulares que pueden comprometer la responsabilidad penal de particulares y funcionarios públicos, toda vez que las mismas involucran la ejecución de proyectos urbanos sobre bienes de uso público o su apropiación, sin que se hayan tomado medidas necesarias para su recuperación, por parte de las autoridades llamadas a su protección”.

Expresó además que estas ocupaciones han generado enormes daños ambientales sobre el lago El Dulcino, cuya área total se ha reducido en los últimos años en más de nueve mil metros cuadrados (9.000 m2), por la construcción de edificaciones de vivienda o de explotación turística, licenciadas por las Curadurías Urbanas, desconociendo la especial protección que sobre el mismo se estableció mediante la Resolución 869 de 2013 expedida por el Dadma, como autoridad ambiental y la Dimar.

“Las edificaciones, levantadas en la orilla del lago, vierten sustancias contaminantes sobre el cuerpo de agua, poniendo en riesgo los recursos fáunicos, forestales, florísticos e hidrológicos del mismo, sin que las autoridades del Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta, hayan adoptado alguna medida para frenar los efectos nocivos que se están generando de manera permanente al ecosistema, conductas estas que se encuentran tipificadas como delictuales por el ordenamiento jurídico”, puntualizó Maya Villazón.

Ocupantes se han beneficiado de procesos de recuperación

La Contraloría General constató que pese a que se han llevado a cabo algunos procesos administrativos para la recuperación de los bienes de uso público ocupados por particulares, los procesos correspondientes contienen presuntas irregularidades y, pese a las advertencias que ha hecho la DIMAR, han terminado beneficiando a los ocupantes, a quienes no se les exige la adopción de medidas para la preservación del medio ambiente y realizan vertimientos contaminantes a las aguas marinas, causando daños a la fauna y flora nativas, incurriendo en conductas con presunta incidencia penal.

Para el Contralor Maya Villazón la situación descrita, pone de manifiesto la presunta transgresión del ordenamiento penal, que merece la intervención de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que adelante las investigaciones que correspondan en el marco de su competencia, en procura de la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, como patrimonio de todos los colombianos.