Contraloría abrió proceso fiscal contra exgobernador de Boyacá, actual contralor de Bogotá
El ente de control abrió proceso de responsabilidad fiscal contra Juan Carlos Granados por contratos de kits escolares cuando fue gobernador de Boyacá.
Contralor Juan Carlos Granados(Colprensa / Archivo)
Tunja (Colombia)
El ex Gobernador del departamento de Boyacá y actual contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, tendría que responder por los recursos de educación de
los boyacenses, provenientes del Sistema General de Participaciones – SGP, correspondientes a la vigencia 2015, que se perdieron por presunta falta de
seguimiento y supervisión de la Gobernación, a través de 2 contratos de
servicios educativos que terminaron ejecutándose por subcontratistas.
Las irregularidades fueron detectadas por la Contraloría en la ejecución de los
Contratos de Prestación de Servicios números 1627 y 1719 de
2015, celebrados por la Gobernación de Boyacá con las fundaciones ITEDRIS y
LUMIERE, con el fin de atender a los estudiantes matriculados en las
instituciones educativas oficiales de los municipios del departamento.
Múltiples irregularidades
La cuantía sumada de ambos contratos, superó los $5 mil 552 millones de
pesos, pero no sólo se evidenció la entrega de materiales contratados por
fuera de las condiciones previstas en la contratación, sino que se pudo
constatar el incumplimiento de los perfiles de los facilitadores, la
inobservancia de la reglamentación establecida por la Secretaría de Educación
para el reporte de información y entrega de materiales a supuestos
estudiantes no registrados en el Sistema de Matrícula Estudiantil – SIMAT.
También se encontraron casos de estudiantes no registrados pero sí
contabilizados para pago por parte de las Fundaciones, así como falta de
correspondencia entre los números de identificación reportados y los
efectivamente registrados, entre otras irregularidades evidenciadas por la
Contraloría General de la República.
Fundaciones contratadas no operaron los contratos
A través del Contrato N° 1719 de 2015, suscrito con la Fundación LUMIERE, la
Gobernación de Boyacá buscaba implementar el “Modelo Identidades” al que
se le asignaron 58 instituciones educativas, para la atención de 4.105
estudiantes en 38 diferentes municipios del departamento.
En el caso de la Fundación ITEDRIS, el modelo a implementar se denominaba
“Red de Conocimientos” y pretendía atender 2.428 estudiantes de 36
instituciones educativas a lo largo de 22 de los municipios del departamento.
La Fundación LUMIERE suscribió el Contrato a través de su entonces
representante legal, Carlos Eduardo Sánchez Méndez. Sin embargo, el señor
Sánchez Méndez subcontrató con el señor Juan Carlos Rodríguez Cárdenas, a
través de la figura del licenciamiento, los servicios educativos que se le habían
adjudicado, a cambio del 7% del valor del contrato.
Lo anterior, llevó a la Contraloría a cuestionar los criterios de selección del
contratista usados por la Gobernación, que terminó contratando una
Fundación que no operó el programa.
Los Kits estudiantiles no fueron entregados
Según lo establecido en el numeral 3° de la cláusula 9° del contrato, la
Fundación LUMIERE debía entregar a cada uno de los estudiantes los Kits
escolares compuestos de 1 camiseta contramarcada, 5 cuadernos cosidos de
100 hojas cada uno, 1 lápiz, 1 borrador y 1 sacapuntas.
Revisadas por el equipo de la Contraloría las planillas de entrega, se pudo
evidenciar que los estudiantes no recibieron la totalidad de los elementos
contratados en los mencionados Kits, dineros pagados por la Gobernación, y
que no obtuvieron contraprestación alguna por parte del contratista. Dicha
omisión no solo representó un incumplimiento contractual, sino que afectó los
derechos de la población beneficiaria de los programas educativos.
En solo cuadernos, por ejemplo, se dejaron de entregar 1.839 unidades,
afectando directamente a 613 estudiantes, lo que según el valor unitario
reportado en las facturas representa un detrimento patrimonial, solo por los
cuadernos, de casi $5 millones de pesos.
Los errores en la validación del número de estudiantes atendidos, por su parte,
llevaron a que la Gobernación pagara a favor del contratista servicios que no
habían sido prestados y que no correspondían a la atención efectiva de los
estudiantes en los términos de la contratación.
Sobreprecios en los kits estudiantiles
Adicionalmente, la Contraloría evidenció sobreprecios en los Kits facturados
por la Fundación ITEDRIS, titular del Contrato N° 1627 de 2015.
Los lápices para los estudiantes, que a precios de mercado se consiguen en un
precio promedio de $338 pesos, fueron pagados por la Gobernación a $1.300
pesos; marcadores de colores que cuestan $1.220 pesos, se pagaron a $2.000;
y esferos corrientes que valen en el mercado $422 pesos, los pagó la
Gobernación a $1.200, entre otros.
Las irregularidades evidenciadas en la ejecución de los mencionados
contratos, se habrían presentado como consecuencia de la falta de
seguimiento de parte de la Gobernación, lo que trajo consigo no sólo la
pérdida de más de $420 millones de pesos de los boyacenses, sino sobre todo
el desmejoramiento de la calidad educativa del departamento.
Presuntos responsables
De conformidad con lo establecido por la Contraloría General de la República
al culminar su investigación, al proceso de responsabilidad fiscal que se
apertura como consecuencia de la misma, son vinculados no solamente las
fundaciones contratistas, FUNDACIÓN LUMIERE y FUNDACIÓN ITEDRIS, sino
también el Supervisor de los contratos Guillermo Palmiro Cortés Páez y la
entonces Secretaria de Hacienda de la Gobernación, María Anayme Barón
Durán.
Igualmente, se vincula al Gobernador de la época, Juan Carlos Granados, que
en su condición de ordenador del gasto habría desatendido su deber
de vigilancia y control al desarrollo de los contratos.
