Procuraduría abre investigación a Gobernadora y exgobernador de Magdalena
El órgano de control disciplinario investiga la desactualización de los estudios y diseños, el aumento de los costos de transporte de materiales de terraplén que elevaron el valor del contrato.
Obras de Vía de la Prosperidad en el Magdalena. /FOTO CARACOL RADIO
Santa Marta
Por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de construcción de la Vía de la Prosperidad, la Procuraduría General de la Nación confirmó apertura de investigación disciplinaria a la gobernadora de Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga y al exgobernador de este Departamento, Luis Miguel Cotes Habeych.
Para este proyecto vial en el Magdalena que quedó en manos del consorcio Ribera Este, fueron destinados 466 mil millones de pesos de recursos de la Nación y el Sistema General de Regalías.
La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal cuestiona a quienes, como ejecutores de este proyecto de inversión, incurrieron en un posible incumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio 649 del 31 de mayo de 2012, sus adicionales y modificaciones, derivado del convenio 266 del 17 de septiembre de 2012, prorrogado hasta el 13 de noviembre de 2017, así como el presunto incumplimiento del Programa de Inversión para el Mejoramiento de la vía Palermo, Sitionuevo, Remolino, Guáimaro, proyecto que se materializó a través del contrato de obra 617 de 2013.
El órgano de control disciplinario investiga la desactualización de los estudios y diseños, el aumento de los costos de transporte de materiales de terraplén que elevaron el valor del contrato, y las deficiencias que no garantizarían que el trazado de la vía se construyera como estaba inicialmente proyectado para 52.6 kilómetros, y sólo se podrían construir 26,013 kilómetros, lo que representa una disminución del 50.55%.
También busca determinar si los mandatarios incurrieron en actuaciones desapegadas del ordenamiento jurídico, quebrantado los principios de contratación estatal o la función administrativa, o actuado en detrimento del patrimonio público o para favorecer económicamente a un tercero.
Estas presuntas irregularidades que investiga la Procuraduría General de la Nación tienen varias fuentes de información, entre ellas, el informe de la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ante posibles omisiones en las acciones correctivas por las demoras en la ejecución de la obra y el informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que advirtió un posible sobrecosto de $32.613 millones por el transporte de materiales para terraplén.
Además, las resoluciones emitidas por el Departamento Nacional de Planeación que suspenden los giros provenientes de recursos de regalías, debido al posible incumplimiento de la Gobernación de Magdalena en los planes de mejora establecidos y el informe emitido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Entidad que señaló posibles irregularidades, sobrecostos y deficiencias en la ejecución del proyecto.
