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Asonal Judicial rechaza señalamientos del alcalde Federico Gutiérrez

Advierte que atenta contra los derechos humanos y la autonomía e independencia de los jueces.

El sindicato Asonal Judicial calificó como desafortunadas y destempladas las declaraciones del Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, al referirse a las decisiones de los jueces y fiscales a la situación jurídica de algunas personas capturadas en operativos policiales y llevada a las audiencias por diversos delitos.

El presidente de la organización, Luis Fernando Otálvaro Calle, rechazó la aseveraciones del mandatario, según las cuales los jueces y fiscales en Medellín actúan a contramano de la política que en materia de seguridad propone su administración, dejando en libertad o concediendo casa por cárcel a “peligrosos delincuentes” capturados en flagrancia por la Policía Nacional.

“No pierde oportunidad el mandatario antioqueño para referirse ante los medios, en términos despectivos y desobligantes a nuestros funcionarios judiciales, sugiriendo veladamente que están cohonestando con la criminalidad, cuando por razones y con sólidos fundamentos jurídicos, se abstienen de dictar contra dichas personas medidas de aseguramiento intramural, aplicando medidas de detención domiciliaria u ordenando su liberación, con estricta sujeción a las garantías procesales propias del Debido Proceso de estirpe constitucional”, señala un pronunciamiento expedido por Asonal Judicial.

Asonal advirtió que no se puede pretender que jueces y fiscales se dediquen a emitir providencias “a la carta”, para complacer intereses mediáticos o hacer el juego a intereses politiqueros, ajenos por completo a la filosofía inspiradora del servicio y la esencia de la función pública, ya que ello equivaldría, ni más ni menos, a gobernar, legislar y juzgar para un “Estado de Opinión”.

Por último la organización hizo público su apoyo y respaldo irrestricto a la labor de los jueces y fiscales de Antioquia y de todo el país, y los llamó a mantener incólume su vocación inquebrantable de defensa al Sistema Jurídico nacional y los tratados en materia de derechos humanos, pilar fundamental de nuestro actual orden social, exigiendo a los demás servidores públicos un comportamiento acorde con el debido respeto y acatamiento a las decisiones judiciales.

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