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Darío Arizmendi

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ESPECIAL PLAYA BLANCA

Una comunidad que salió de la nada en Playa Blanca

La semana pasada Caracol Radio, en marco de su investigación sobre irregularidades con las consultas previas, documento un caso de ese tipo en Barú.

Caracol Radio

Playa Blanca, en las Islas de Barú en Cartagena, reúne todo: es el lugar paradisiaco de la capital de Bolívar. Por eso, son muchos los que buscan generar desarrollos turísticos en ese lugar.

Uno de esos empezó hace varios años para la realización de un proyecto inmobiliario y turístico, que incluía hoteles, viviendas y hasta un centro comercial. Era una iniciativa de la Sociedad Playa Blanca S.A.S., conformada por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), Valorem (del grupo Santo Domingo) e Inmobiliaria Barú (de Gabriel Echavarría).

Además querían ejecutar un proyecto de recuperación y ordenamiento territorial de la playa, que sería encabeza por la Corporación Corplaya, conformada, entre otros, por los mismos miembros.

Para el primer proyecto la Sociedad empezó el proceso de consulta previa – desde finales de 2012- con las tres comunidades reconocidas ante el Ministerio del Interior, las de los corregimientos de Santa Ana, Ararca y Barú. Fue demorado, pero se culminó entre agosto de 2013 y febrero de 2014.

No obstante, para la consulta previa del proyecto de recuperación y ordenamiento territorial de la playa se encontraron con un problema de talla mayor: se quiso incluir una supuesta comunidad ancestral que vive al lado de la playa: la Asociación de Trabajadores del Turismo (Asotuplab), liderada por la española María del Carmen García, que tienen hostales cerca de la playa, pero que solicitaron amparar los derechos fundamentales vulnerados, a pesar de cientos de audiencias por, incluso, venta de estupefacientes.

No estaba reconocida ante el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Cartagena. Incluso, cabe resaltar que los representantes de las comunidades negras agrupadas en los Consejos Comunitarios de Ararca y Santa Ana se han opuesto a las pretensiones de Asotuplab. Aun así la Corte Constitucional la respaldó y exigió reconocerlos en agosto de 2015.

Una decisión difícil de comprender, pues la misma Corte Constitucional había realizado una inspección judicial en Playa Blanca y confirmó que en ese lugar no había una comunidad, sino un grupo de personas que estaban desarrollando una actividad económica.

“Se observan solo dos niños, los accionantes indican que los demás están en el colegio, a pesar que algunos miembros al tiempo manifiestan que los colegios están en paro. (…) El servicio que prestan los miembros de Asotuplab es de hospedaje, alimentación y recreación. (…) Se verificaron los sitios en los cuales decían que residían. En algunos se verificó que se trataban de cuartos, en los cuales solo había una cama con mosquitero, sin presencia de elementos que indicaran permanencia en aquel lugar”, dice el informe que realizó la Corte en ese momento.

Pese a lo visto por las autoridades, esa inspección al final no se utilizó como prueba para fallar la sentencia porque no contaba con firmas de los magistrados que visitaron el caso ni tampoco identificaba plenamente a cada uno de los entrevistados. Y contrario a lo esperado, la Corte Constitucional falló a favor de la supuesta comunidad y le exigió al Ministerio del Interior y a la Alcaldía reconocerlos como consejo comunitario de Playa Blanca, pues supuestamente representaba a las negritudes de esa vereda. (Ver fallo).

¿La razón? Según la Corte, es importante que la comunidad (de la que también hacen parte venezolanos, uruguayos y argentinos) se auto reconozcan y se consideren “continuadores de la presencia histórica de pueblos afrocolombianos que han habitado la isla de Barú desde los tiempos de la Colonia española”, dice el cuestionado fallo.

Ninguno de los dos proyectos, al final, se ha podido desarrollar. Aunque ya se tenía planeado cómo se beneficiarían las otras comunidades y cómo sería el desarrollo económico, la iniciativa nunca vio la luz. Lo más preocupante es que Asotuplab sigue en la playa y las autoridades no pueden desalojarlos pese a que ocupan espacio público.

Además de esto, la decisión ha impedido a la Alcaldía tomar medidas contundentes contra estas invasiones en el espacio público, que se suman a la sobrecarga que agobia a la playa. Ante el caos, Parques Nacionales Naturales empezó a tomar medidas recientemente, como restringir el acceso a la zona, pues, según Julia Miranda, la directora, “la playa es hoy es una vergüenza nacional, y no podemos quedarnos de brazos cruzados, sin hacer nada”.

Y el Ministerio de Ambiente busca estrategias sobre cómo hacer que no se supere el límite de 3.200 personas permitidas a diario, pues en épocas como Semana Santa han llegado diariamente hasta 15.000.