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JUDICIAL

Justicia Especial para la Paz tiene en el limbo un caso de Falsos Positivos en Caldas

Militares juzgados por un caso de falsos positivos en Caldas piden ser procesados por la jurisdicción de la Justicial Especial para la paz, que aún no tiene desarrollo en Colombia.

Soldados del batallón Ayacucho de Manizales e investigadores del CTI son investigados por caso de falsos positivos. /

En el Limbo. Así es cómo está el caso relacionado con falsos positivos en el que están procesando al coronel del ejército, Carlos Alfonso Suárez Ortiz, el sargento viceprimero Héctor Andrés Beltrán y el soldado profesional Henry Giraldo Ruíz, del batallón Ayacucho de Manizales, además de los investigadores del CTI de la Fiscalía Mauricio Jiménez Ávila y Guillermo Alonso Giraldo Betancur, por delitos relacionados con los denominados falsos positivos.

El caso en concreto por el que se les está juzgando es el presunto secuestro en Medellín de José Alirio Jaramillo Grisales, un desmovilizado del Epl y quién fue presentado como abatido en combates con el Ejército el 25 de abril del 2008 en la vereda La India, en zona rural de Anserma (Caldas)

El limbo jurídico se produce por la creación de la Justicia Especial para la Paz, que surgió con los acuerdos de La Habana, entre el Gobierno y Las Farc. Todo porque uno de los abogados de la bancada de defensa, le hizo una solicitud al juez de suspender el proceso, ya que su representado, el soldado profesional Henrry Giraldo Ruiz, está adelantando una solicitud para que él sea procesado por esa jurisdicción.

Dicha solicitud fue apoyada por otros dos defensores. El abogado de Héctor Andrés y del Coronel Suárez Ortiz. Mientras que el defensor de los agentes del CTI aunque le dio la razón a los solicitantes de dicha solicitud, indicó que sus defendidos no tienen interés de acudir a la Justicia Especial y prefieren seguir el proceso con la justicia ordinaria, por lo que pidió la ruptura de la unidad procesal, es decir que se divida el proceso. Que una parte quede con los militares y la otra con los investigadores judiciales.

Frente a estas solicitudes el Fiscal encargado de este proceso, que ya completa cinco años y que no ha tenido mayores avances, indicó que no era procedente suspenderlo, ya que la Justicia Especial para la Paz, aunque abre la posibilidad de que militares y demás agentes del estado que fueron actores dentro del conflicto armado, se acojan a dicha jurisdicción, no contempla en ninguno de sus artículos que los procesos por los que se les señalen o incluso las penas que ya hayan sido impuestas se tengan que suspender.

El Fiscal explicó que dicha Justicia Especial si dedica unos apartes para que los procesos y las penas sean suspendidas, sólo si los procesados son integrantes de las Farc. El Fiscal también hizo la salvedad que los agentes del CTI se pueden acoger a la jurisdicción especial, ya que son agentes del estado.

El Fiscal sugirió que la audiencia de juicio oral que iniciaba hoy y que iba hasta el próximo 2 de junio quedara aplazada, pero no suspendida y en ese mismo sentido se pronunció el representante del Ministerio Público. Ambos argumentaron que la Justicia Especial para la Paz aunque ya tiene una orden de creación, aún no se ha desarrollado.

Finalmente el juez especializado de Pereira, quién cumple funciones de conocimiento por este caso en Manizales tomó la decisión de aplazar la audiencia y no suspender el proceso, mientras se despejan dudas con relación a si los procesados se someterán a la jurisdicción especial y si serán aceptados dentro de la misma. El juicio según el juez deberá realizarse a finales de octubre y la primera semana de noviembre.

Este caso lleva cinco años desde que se realizó el escrito de acusación. Ha tenido varios conflictos y dificultades. Entre ellos una discusión si la jurisdicción que debía llevar a cabo las etapas procesales era la justicia ordinaria o la justicia penal militar y sumado a esto el Coronel Carlos Alfonso Suárez Ortiz en repetidas ocasiones ha generado el aplazamiento de las audiencias porque ha cambiado de abogado defensor en repetidas ocasiones. Actualmente no ha designado un jurista que lo represente, por lo que la defensoría del pueblo le asignó uno de oficio.

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