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Darío Arizmendi


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El cierre de mataderos por parte del Invima y sus nefastos efectos colaterales

El decreto 1500 del 2000 está generando comercio clandestino de cárnicos, desempleo masivo y disminución de la productividad regional.

Desde que el Invima empezó a cerrar los mataderos o plantas de beneficio de Santander, los empresarios, consumidores, líderes y demás, denunciaron que este tipo de acciones incrementarían la ilegalidad en el comercio de cárnicos y de paso llevaría a la ruina a miles de familias que viven de este negocio en la región.

Hace poco por ejemplo el alcalde del municipio, El Socorro, Alfonso Lineros, le expresó públicamente al Alto Consejero de las Regiones, Carlos Correa, que: “uno de los problemas más difíciles que tiene el departamento se refiere a las plantas de beneficio, ¿Qué van a hacer todas las familias que viven de eso? les pedimos que por favor no hagan tantas exigencias a los municipios y a las ciudades intermedias donde, invertir 5 mil, 10 mil o 30 mil millones de pesos para una planta de beneficio resulta una suma muy alta, máxime cuando esta inversión no va tener el retorno que necesitan las comunidades”.

Por su parte el gobernador de Santander, Didier Tavera, envió un mensaje directo al gobierno nacional al señalar: “Sobre el decreto 1500 del 2000 del Ministerio de la Protección Social, nosotros estamos de acuerdo que cuando usted vaya exportar se debe cumplir con los estándares internacionales mínimos que se exigen, pero en lo que tiene que ver con el auto consumo, con que la autoridad ambiental pueda certificar su buen trabajo es suficiente; no entendemos porqué el Invima tiene que hacer una intervención frente a cada uno de los mataderos si aquí no se va a exportar carne, ni desde el municipio de Santa Helena del Opón, ni del municipio de El Carmen, ni del Socorro ni de San Andrés, ni de los municipios apartados. A demás esta es una Resolución que está afectado la productividad regional y como lo decimos aquí, esta Resolución resulta lesiva para la ciudadanía, por que como lo dicen los Alcaldes de nuestra región, la gente va a sacrificar los animales en los potreros y eso será entonces un problema aún más grave”.

Este tema ha generado diferentes reacciones además de las ya citadas, otra más se presentó en la Asamblea de Santander donde el diputado Óscar San Miguel hizo un fuerte énfasis en el incremento de mataderos clandestinos que ya empiezan a pulular y a tener impacto en la región. En ese momento el Diputado hizo llamado para que se adoptarán medidas contra este tipo de empresas delincuenciales que no tienen ningún control para manipular alimentos y pueden generar una epidemia o peor aún, un problema de salud pública.

En San gil, por ejemplo, empresarios de la plaza de mercado se pronunciaron a través de su Asociación legalmente constituida y le pidieron al gobierno, por diferentes formas, que les permitieran construir un nuevo matadero o planta de beneficio con préstamos o estrategias de financiación y, de esta forma, evitar el cierre y el desempleo que esto generaría en este municipio.

Los comerciantes explicaron a demás que vienen de familias dedicadas al comercio cárnico desde hace mucho tiempo y cambiar de trabajo no resulta una medida adecuada en este momento por lo que le seguirán apostando a este negocio amparados en la ley, y para eso necesitan el apoyo del Invima y no su represión.