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Procuraduría solicita el cierre temporal de la isla Johnny Cay de San Andrés

El ministro público considera que es necesario proteger el derecho colectivo del medio ambiente en la isla.

La Delegada para asuntos ambientales de la Procuraduría General solicitó el cierre temporal o definitivo Nacional Regional Johnny Cay, en San Andrés, a fin de proteger el medio ambiente.

La solicitud se hizo como parte de una medida cautelar para garantizar la seguridad salubridad y medio ambiente asimismo la Procuraduría solicitó reevaluar el régimen de ingreso de turistas y de las actividades comerciales que se realizan en la isla.

Además instauró un incidente de desacato en contra de la gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina porque no ha realizado el debido seguimiento sobre la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE) frente al control poblacional en la isla, en cumplimiento con la orden que dispuso, entre otras actividades, ejecutar un contrato de consultoría para la elaboración de un proyecto que contenga un modelo de restructuración que modifique la estructura administrativa, definir la ampliación de la planta de personal; y que el organismo pudiera trabajar en condiciones de seguridad, salud y con espacios para garantizar la atención al público.

Finalmente, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena se solicitó el desacato de la sentencia T-284 de 1995, emitida por la Corte Constitucional en la cual se disponía, entre otras, la prohibición de otorgar licencias de construcción en áreas protegidas dentro de la isla, hasta tanto no se cuente con redes de alcantarillado adecuadas.

Luego de la visita realizada por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez al departamento de San Andrés el 17 de febrero de 2017, se conformó una Comisión Especial que adelantará acciones y hará seguimiento y velará por la protección de los recursos naturales existentes en la Reserva de Biosfera Seaflower.