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Cajamarca: ¿una mina de incertidumbre?

El triunfo del No se vuelve un referente político en materia de minería, pero parece apenas el punto de partida jurídico para el resto de la minería nacional.

Pocas veces el resultado de una votación en Colombia ha sido tan contundente como el de la consulta en Cajamarca que rechazó las actividades mineras en ese municipio este domingo –ganó el No con el 97.2%--, pero a pesar de ello no es claro que el resultado de las urnas dé para cantar victoria a los ambientalistas que celebraron a rabiar.

En detrimento del debate racional, lo ambiental han pasado a hacer parte de la lista de los asuntos que polarizan y que ponen a los defensores -a ultranza unos, moderados otros—en el lado de los enemigos del desarrollo y a los otros en el de los amigos de la “confianza inversionista” que arrasa con recursos y comunidades y no paga los impuestos que deberían. El que tenga dudas que vea los trinos lanzados después de conocido el resultado: para unos, el NO es populismo y rechazo a las regalías; para otros, es la derrota a un gobierno que prefiere el oro al agua.

Lo que se jugaba el domingo en Cajamarca no era de poca monta. Los más de 6.000 votos de los ciudadanos pueden llegar a ser miles o millones de votos en el resto del país si las regiones mineras de Antioquia, Santander y Cesar siguen ese camino. También puede tener un efecto inmediato sobre el proyecto de mina de oro en California (Santander), cerca del Páramo de Santurbán donde la Sociedad Minera de Santander (Minesa) se apresta a pedir la licencia ambiental. Hoy las discusiones sobre decisiones medioambientales están mediadas por las presiones de los grupos ambientalistas que cada vez cobran más fuerza como ya pasó con las reversas que dio el Gobierno con Santurbán o con la exploración de petróleo en la Macarena.

De ahí que, una vez conocido el resultado, se haya desatado una guerra jurídica sobre si este tiene efectos retroactivos, es decir si abarca decisiones administrativas tomadas previamente, como son el caso de los títulos mineros como el que tiene la multinacional Anglo Gold en esa zona y muchas otras en otras partes del país. O sobre licencias ambientales.

Los estudios hechos al respecto por Dejusticia, con base en sentencias, parecen claros: “la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido de forma clara que ni los contratos de concesión minera ni las licencias ambientales constituyen derechos adquiridos” y aun “pueden ser susceptibles de modificaciones en el futuro”. Pero la posición del viceministro Carlos Cante y de la minera es que la consulta no tiene efectos vinculantes. Estas dos posiciones llevan a pensar que una respuesta como fue la votación por el No pasa al terreno jurídico, incluidas las que adopte el concejo municipal al llevar al POT el resultado de la consulta. Cajamarca se vuelve un referente político en materia de minería, pero parece apenas el punto de partida jurídico para el resto de la minería nacional.

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