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Darío Arizmendi

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Estación San Pedro de Metroplús no será reabierta para lo que fue hecha

Por orden de un juez, el llamado elefante blanco se transformará en un espacio pedagógico y cultural para la comunidad.

Aunque en noviembre de 2011 la estación San Pedro de Metroplús fue inaugurada como parte del sistema de transporte masivo, hoy casi 6 años después, la obra, que costó 1.133 millones de pesos, no será reabierta para lo que fue hecha: el cargue y descargue de pasajeros.

La obra considerada ‘un elefante blanco’ se transformará en un espacio para la comunidad tras el fallo de un juez que resolvió una acción popular interpuesta por el Metro de Medellín contra el Metroplús.

“La Estación San Pedro va a tener usos pedagógicos y culturales, un espacio para la ubicación futura de la policía, un espacio para la recarga del medio de pago, y además vamos a tener un espacio destinado para el ensayo de nuevos materiales para las futuras estaciones”, puntualizó el gerente de Metroplús, Ricardo Medina.

El proceso para esa reapertura tardará un año y tendrá un costo de 543 millones de pesos para la adecuación del lugar. En el proceso jurídico se contemplaron diversas opciones como la demolición y el traslado, pero ambos fueron descartados porque sus costos oscilaban entre los 3.000 y los 5.000 millones de pesos.

El gerente del Metro, Tomás Elejalde Escobar, reconoció que hubo fallas en los diseños y la construcción, además de errores en la interpretación de la normatividad, en este caso particular, dirigida para el acceso de personas con movilidad reducida, y admitió que es un “caso de error que no se puede repetir”.

“Aprender, lecciones aprendidas tiene que haber en esto. Hay que mirar la normativa que tiene que mejorar, la normativa a veces no es clara (…) Hemos aprendido mucho a través de golpes duros, entonces esto lo que permite es un poco de progreso que se logra con lesiones aprendidas”, consideró el gerente del Metro.

La Contraloría de Medellín inició en 2012 un proceso por un presunto detrimento patrimonial que a finales de 2013 concluyó con la imputación de cargos contra cinco funcionarios por “malgastar dineros públicos”. El mismo proceso se reinició en febrero del año pasado 2015 y concluyó con el traslado del caso a la Contraloría General de la República, sin arrojar aún resultados.