Economía

La consulta popular minera desata polémica en Ibagué

La capital del Tolima será la primera ciudad en Colombia que adelantará este tipo de iniciativas.

La consulta popular minera desata polémica en Ibagué

La consulta popular minera desata polémica en Ibagué(Caracol Radio)

Voces a favor y en contra ha generado en Ibagué la aprobación por parte del Tribunal Administrativo del Tolima de una pregunta para ser sometida a consideración de la comunidad para decidir sobre el futuro del territorio.

La pregunta es: ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que el municipio de Ibagué, se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística de municipio?

El director de la corporación ambiental del Tolima, Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, dijo que esa consulta es un hito en la historia de Colombia porque a través de un mecanismo constitucional de participación la ciudadanía decidirá sobre la conveniencia o no de adelantar proyectos que impacten en la región.

En igual sentido se pronunció el presidente del Concejo de Ibagué, Camilo Delgado, al considerar que es un hecho histórico y marca una línea jurisprudencial al ser Ibagué la primera ciudad capital en realizar esta convocatoria donde sea directamente el ciudadano quién decida qué actividad se puede hacer en su territorio. Aquí prevalece que la soberanía del Estado reside en el pueblo, consideró.

En contraste, el investigador económico y ex presidente de la Cámara de Comercio de Ibagué, Silverio Gómez, dijo que la pregunta es capciosa y dirigida. Además, el departamento tiene bajos indicadores de competitividad, pues en el año 2000 el Tolima representaba el 3 por ciento del PIB nacional y ahora solamente el 2 por ciento.

Recordó Gómez que ancestralmente el Tolima es minero y hoy la región no tiene una vocación económica.

A su turno, el abogado Ibaguereño Wilson Vallejo explicó que la pregunta para la consulta está mal formulada y que se analizarán todos los mecanismos jurídicos para interponer algunas acciones ante el Consejo de Estado. Recordó que la minería responsable es una actividad legal que cumple con el ordenamiento jurídico existente y vigente en el país.

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