La ANI trabaja para frenar $40.000 millones por pago en parador de Buga
El pasado 16 de Junio la Fiscalía imputó cargos a una juez de Buga, por su presunta participación en las irregularidades que rodearon el proceso de expropiación del complejo turístico.
La ANI trabaja para frenar $40.000 millones por pago en parador de Buga / Foto skyscrapercity.com
El próximo jueves a las 8:00 de la mañana en los juzgados de Paloqueo en Bogotá, se llevará a cabo una nueva audiencia de restablecimiento de derechos, en la cual la Agencia Nacional de Infraestructura solicitará medidas cautelares para frenar temporalmente el pago de $40.000 millones por un predio en proceso de expropiación en el parador de Buga, en la vía Buga- Cali.
Hay que recordar que el pasado 16 de Junio de 2016, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a la juez segunda Civil del Circuito de Buga, Norella Acosta Tenorio, por su presunta participación en las irregularidades que rodearon el proceso de expropiación del complejo turístico llamado Parador de Buga, que era necesario para el mejoramiento de la malla vial entre Cali y Buga.
Ante un Juez de Garantías en los Juzgados de Paloquemao en Bogotá, la Fiscalía señaló que la funcionaria, Norella Acosta Tenorio, incurrió en los delitos de concusión, cohecho propio y prevaricato por acción.
Ante la Juez, también fue llevado Carlos Andrés Grajales Gamba, hijo de los propietarios del inmueble, a quien la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de prevaricato por acción en calidad de coautor.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la Juez Acosta habría incidido irregularmente al momento de hacer el avalúo del predio Parador de Buga. En la audiencia celebrada en los juzgados de Paloquemao, el ente investigador aseguró que la funcionaria judicial tuvo conocimiento de los avalúos del predio, que en principio tenía un valor de $2.000 millones y que al final terminó costando unos $17.000 millones, lo cual al día de hoy y más intereses del valor, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, debe pagar unos $40.000 millones.
Según lo expuesto por el representante del ente investigador, la juez tomó decisiones irregulares, luego de haber recibido dinero en 2007 por parte de Carlos Andrés Grajales Gamba. Cada pago fue por la suma de $30 millones.
Para la Fiscalía, los hechos cometidos por la juez son graves, en el sentido de que en varias interceptaciones telefónicas queda registrado un acuerdo entre la funcionaria y Grajales, con el que se buscaba engañar al Estado.
