Orden Público

Tras dictamen de Medicina Legal, Defensoría reclama investigación sobre muerte de ciudadano en Boyacá

Exhortó a la Fiscalía General de la Nación, para que agilice su investigación, tras conocerse el dictamen de Medicina Legal.

Tras dictamen de Medicina Legal, Defensoría reclama investigación sobre muerte de ciudadano en Boyacá

Tras dictamen de Medicina Legal, Defensoría reclama investigación sobre muerte de ciudadano en Boyacá(Colprensa/Archivo)

Tunja (Colombia)

Los resultados de medicina legal establecen que el joven Luis Orlando Saíz faleció a consecuencia del impacto de un proyectil de granada lacrimógena a alta velocidad.

El organismo de control lamentó el fallecimiento de Luis Orlando Saíz, y reiteró su llamado a las autoridades y a los líderes del paro camionero para que cesen las expresiones de violencia y logren un acuerdo definitivo.

Además, la entidad hizo un llamado a la Fuerza Pública para que intervenga con apego a las normas de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y a los manifestantes para que no sigan afectando los derechos de la comunidad.

Además, la Defensoría reclamó “una investigación urgente con resultados prontos, de tal manera que se depuren las responsabilidades y se garantice la aplicación de justicia en este caso”.

Exhortó a la Fiscalía General de la Nación a “agilizar los procesos de averiguación y conclusión, para establecer si como se ha dicho desde algunos sectores, hay miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional comprometidos, sin detrimento de los informes que públicamente rinda esa Institución a partir de sus protocolos internos de control disciplinario”.

De comprobarse esa versión y de conformidad con algunas expresiones sociales respecto al uso excesivo de la fuerza en las actividades de control y retoma de las vías, resultaría importante el concurso de la Procuraduría General de la Nación para que desde su poder preferente adopte las decisiones que en materia sancionatoria estime convenientes.

El ente humanitario coincide con el Gobierno Nacional en que el derecho legítimo a la protesta no puede convertirse en argumento para atropellar el interés general y los derechos de las comunidades, pero al mismo tiempo recuerda que la actuación de las autoridades debe ceñirse al respeto por las normas de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

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