Atentan contra vocero de paz y desmovilizado del M-19, Augusto Osorno Gil
El dirigente del sector cooperativo denunció que la Unidad de Protección le retiró el esquema de seguridad.,
Medellín
Ileso resultó el desmovilizado del M-19 y vocero de paz de Antioquia, Augusto Osorno Gil, de un atentado contra su vida y la de un sobrino que lo acompañaba, en la zona rural de Donmatías, Antioquia, cuando se dirigía a una parcela de su propiedad.
El señor Osorno Gil, Gerente de una Cooperativa de porcicultores en Antioquia, desmovilizado del M19 hace 27 años, relató a Caracol Radio,cómo hombres encapuchados interceptaron el vehículo y dispararon en repetidas ocasiones.
“Iba para la vereda mía; sufrí un atentado, casi me matan… Yo iba en el carro con un sobrino, nos salieron dos tipos encapuchados y nos agarraron a tiros, nosotros respondimos y ellos se volaron. La Policía fue a ayudarnos y nos sacaron del área. Nosotros, afortunadamente, respondimos con nuestras armas, salimos ilesos pero el carro sí resultóimpactado”, manifestó el señor Osorno Gil.
Sobre los responsables del atentado, aseguró que aún no hay claridad, pero informó que podría estar relacionado con su pasado como integrante de un grupo guerrillero que pactó con el gobierno y se reincorporó a la vida civil.
“Son dos cosas: todavía hay reductos del bloque que después de la desmovilización me hizo varios atentados y me mataron a un hermano. La otra es que en la vereda tenemos un conflicto de tierras con un narcotraficante que está detenido en Estados Unidos, alias el Arquitecto, por unas tierras que se le dieron a junta de acción local”, explicó el señor Osorno Gil.
Por último, cuestionó al gobierno nacional por los esquemas de seguridad de los desmovilizados del M-19, y reveló que la Unidad Nacional de Protección le retiró la seguridad y los equipos de los que disponía de hace 27 años cuando se desmovilizó, por lo cual pidió que esa Unidad haga un nuevo análisis a estas situación ya los riesgos que enfrenta actualmente.-
“Si la Unidad Nacional de Protección no está protegiendo a los que ya nos acogimos a la paz, ¿cómo le va a garantizar a los integrantes de las Farc? La seguridad de los desmovilizados es un principio fundamental de cualquier acuerdo de paz, como lo es el ejercicio de la política en condiciones seguras”, indicó Osorno Gil.
También solicitó a la comunidad que acepte que un grupo armado se puede desmovilizar y continuar con sus ideales a través de la política sin armas y permitir el desarrollo de proyectos que están en marcha para beneficio social.
“Yo les pido a los ciudadanos de todo el país un poco de generosidad para aclimatar la paz y para que apoyemos a quienes dejan las armas que alguna vez tomaron por ideales políticos y se acogen a la legalidad del Estado… Tiene que haber un espacio para los que disentimos. Es un momento histórico el que vive el país, como los que se han vivido en Sudáfrica, en Irlanda, en Ruanda, en Guatemala o en El Salvador… Debemos apoyarlos, no marginarlos o estigmatizarlos… Así no vamos a construir un nuevo país como el que todos queremos”.
¿Por qué lo atacan?
En un comunicado de la Cooperativa Nueva Porcicultura denunció los hechos y recordó que “Augusto Osorno ha sufrido varios los atentados en su contra y que incluso, el Bloque Metro de las Autodefensas que opera en las zonas del Nordeste y Aburrá Norte, asesinó hace varios años a su hermano Ernesto Osorno y su esposa (en el corregimiento de El Hatillo, municipio de Barbosa), en tanto que otros familiares que han sido amenazados han tenido que exiliarse en otras zonas o fuera del país.
En otros apartes el comunicado precisa:
“El dirigente político y gremial recordó que una de las razones de la persecución que sufre podría tener origen en la decisión de la Dirección Nacional de Estupefacientes (en 2012) de entregarle al Municipio deDonmatías 10 hectáreas de tierra que fueron propiedad del narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez, alias ‘El Arquitecto’, hoy preso en Estados Unidos, las que están en proceso de extinción de dominio, junto con otros bienes de su propiedad avaluados en más de $50.000 millones de pesos.
Luego, en 2013, por gestión de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Frisolera, que el propio Osorno preside, esas tierras le fueron entregadas a la comunidad para el desarrollo de varios proyectos productivos, entre ellos, un centro recreativo, turístico y cultural y la producción de ganado de leche.
“Los testaferros de esa organización no solo me declararon objetivo militar sino que me amenazan permanentemente”, denunció Augusto Osorno.
De igual forma, destacó que la zona se ha visto afectada por problemas de seguridad –robos, atracos y extorsiones, que se han denunciado ante las autoridades-, por la vecindad con el corregimiento El Caney del Municipio de Santa Rosa de Osos, donde a 120 campesinos se les adjudicaron 1.500 hectáreas hace 27 años y que ahora están vendiendo a empresarios de Medellín que las han parcelado. No obstante, la vereda La Frisolera es un modelo de desarrollo comunitario y de gestión social.
La Junta de Acción Comunal de la vereda La Frisolera financia estas acciones para garantizar la seguridad y el progreso comunitario con apoyo de la misma comunidad, mediante un ‘aporte social’ que opera de la siguiente manera: los propietarios de la zona deben pagar una cuota mensual que oscila entre $1.000 y $70.000 (según el tamaño de la finca) y los visitantes, deben pagar $1.000 si ingresan en moto, $4.000 si lo hacen en vehículo liviano (automóvil, campero o camioneta), $6.000 si lo hacen en camión con capacidad entre 3 y 6 toneladas, en tanto que los vehículos de más de 6 toneladas debe pagar una cuota de ingreso de $8.000.
“Con estos recursos financiamos varias obras sociales y programas para beneficio de la comunidad, pero algunos propietarios rechazan y no comparten el esquema, que fue aprobado en asamblea general de la Acción Comunal”, explicó.
El dirigente gremial y político demandó del Ministerio del Interior y de la Dirección Nacional de Protección que se le devuelva el esquema de seguridad con que ha contado desde que se comprometió con el Estado, junto con otros compañeros del M-19, a dejar las armas y a incorporarse a la vida civil.
Y concluye diciendo que “en todos los atentados que he sufrido se combinan varios elementos como la petición para la restitución de tierras, la actividad política como desmovilizado del M-19, la actividad gremial en el campo de la porcicultura y, sobre todo, mi condición como un ‘luchador social’”.