Defensoría conoció 10 casos de reclutamiento de menores por el ELN en el sur de Bolívar

Cartagena de Indias

Una apremiante situación de vulnerabilidad para los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que habitan algunas zonas rurales del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, identificó la Defensoría del Pueblo a través de la información acopiada por el Sistema de Alertas Tempranas de la Entidad y el trabajo en terreno realizado por la Regional Magdalena Medio.

Aunque son diversas las variables que configuran el escenario de riesgo, uno de los temas más delicados lo constituyen la presencia y acciones del ELN, que entre enero y marzo del presente año habría protagonizado al menos 10 casos de reclutamiento forzado mediante maniobras que incluyen la manipulación y el engaño.

El organismo de control para los derechos humanos en Colombia conoció el caso de cuatro hermanos entre los 6 y los 15 años, quienes deben recorrer a diario dos horas de camino para llegar a la escuela donde están matriculados, siendo constantemente abordados en el trayecto por personas que los inducen a vincularse al grupo guerrillero.

Denuncias formuladas por la comunidad indican que ante la ofensiva de la Fuerza Pública, la cual ha mantenido operaciones sostenidas contra esas estructuras ilegales en el área, el ELN ha acusado de supuesta delación a varias familias de los sectores rurales, a la vez que ha intentado suplir sus bajas con la incorporación de niños y niñas.

Testimonios recopilados por la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio indican que a los jóvenes les prometen un ascenso rápido dentro de la organización, mientras a las adolescentes les ofrecen trabajos como radio operadoras; según las quejas expresadas por los moradores que admitieron entrevistarse con la Defensoría, una vez los menores de edad aceptan la oferta de la guerrilla, reciben una semana de entrenamiento y dotación, al cabo de la cual sus padres son citados para expresarles que su ingreso (en este caso al Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa) no es obligatorio, y que quienes quieran quedarse pueden hacerlo y los que no, pueden irse.

Sin embargo, no solamente la influencia de los grupos armados ilegales y la situación de conflicto en el sur de Bolívar ocasiona este tipo de situaciones, sino que en gran medida se derivan de la desprotección social reflejada en el déficit de acceso a los bienes y servicios básicos para la mayor parte de los pobladores.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo visitó cuatro establecimientos educativos ubicados en los corregimientos Cañabraval, Vallecito, Alto Berlín y Cerro Azul de San Pablo, donde ninguna de las escuelas cuenta con servicio de comedor, hecho que sumado a las grandes distancias que deben recorrer los estudiantes y a las necesidades que padecen, los obliga a recibir clases sin desayuno, y a tomar el almuerzo (en el mejor de los casos) después de las 2 de la tarde en condiciones improvisadas; aspectos como computadores y tablet sin uso por falta de fluido eléctrico, salones multigrados y profesores sin contrato ni afiliación al sistema de seguridad social se suman a los hallazgos.

Estas circunstancias también han contribuido a que muchos alumnos estén desescolarizados, como sucedió con 18 jóvenes que fueron encontrados por la Defensoría en la vereda Patio Bonito, sin la posibilidad de acceder a la educación secundaria y en cambio vinculados a actividades como raspachines de hoja de coca.

Cabe señalar que el escenario de riesgo advertido por la Entidad fue discutido en sesión del consejo de seguridad convocado por la administración municipal de San Pablo el pasado 8 de abril, durante el cual la Defensoría del Pueblo reiteró su preocupación frente a estos temas.

No obstante, el organismo humanitario a través del Sistema de Alertas Tempranas fue más allá y emitió un informe de riesgo de inminencia para los corregimientos Virgencita, Cañabraval, Vallecito y Cerro Azul, documento que fue remitido al Gobernador del Departamento de Bolívar y a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior, para que contribuyan en la coordinación de las acciones preventivas encaminadas a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.