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REGIÓN

Procuraduría reclama por falta de anticipo para construir Túnel del Toyo en Antioquia

Advierte que no se puede constituirse en prejuzgamiento, ni incriminaciones la conducta de quienes suscribieron el contrato.

En comunicación radicada el 26 de febrero de este 2016, la Procuraduría General de la Nación, le reclamó, al secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Gilberto Quintero Zapata, por la falta de pago de anticipo del 5 por ciento que se debe hacer por el proyecto Túnel del Toyo, que hace parte de las Autopistas de la Prosperidad.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula séptima del contrato de construcción 4600004806 de 2015, la entidad contratante tiene la obligación de efectuar el pago del anticipo al contratista a más a tardar el 30 de enero de 2016”, por un valor correspondiente al 5 por ciento del valor del contrato.

Acto seguid, el Ministerio Público le cuestiona a la Gobernación: “¿La obligación contractual mencionada fue cumplida por la Gobernación de Antioquia? Y de no ser así, ¿cuáles son los argumentos de orden jurídico que sustentan la decisión de suspender el pago de anticipo”.

Igualmente, la carta enviada por el ente de control disciplinario aclara sobre los aspectos ambientales, permisos y compra de predios, que fueron estipulados en el contrato y no antes de adelantarse la licitación pública.

En virtud de lo anterior se infiere que las partes del convenio antes mencionado tenían el conocimiento que el trámite respecto de la obtención de la licencia ambiental corresponde a una de las actividades del contrato y no a una actividad previa al mismo. Lo anterior establecido en el capítulo 7 del pliego de condiciones del proceso licitatorio para la construcción del Túnel del Toyo”, advierte.

Le pregunta la Procuraduría General de la Nación en la misiva a la Gobernación de Antioquia: “¿cuál es el argumento jurídico que esgrime la administración departamental para exigir este trámite previo a cualquier avance del contrato de construcción en ejecución?”.

Por último el ente de control señala que no existe lugar para iniciar sanciones disciplinarias en contra de los funcionarios públicos y privados que participaron en este proceso de asignación y contrato del Túnel del Toyo.

“Tampoco puede constituir prejuzgamiento; en tal sentido no se efectúan valoraciones subjetivas, ni incriminaciones respecto de la conducta de los servidores públicos o particulares involucrados”, puntualiza la comunicación.

 

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