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Desplazados de Venezuela: con las manos vacías, pero cargados de historias

Una mujer espera la ayuda del Gobierno colombiano porque dos de sus hijos llevan seis años presos sin que les hagan un juicio.

Hasta venezolanos, que aseguran trabajar con el Gobierno de su país, hacen parte de los desplazados que la mañana del martes se ‘tomaron’ la plaza La Paz, en Barranquilla, para el reconocimiento inicial que les permita a las autoridades ubicarlos y proveerles las ayudas anunciadas por el Gobierno.

 

‘Luis’* asegura que salió con su esposa y sus dos hijos de Caracas, con el objetivo de buscar la nacionalidad colombiana para agilizar la atención médica que necesita, pues es discapacitado.

Dice que no puede dar su nombre verdadero por seguridad, y que ya inició los trámites para que afilien a su familia al Sisbén y al programa Familias en Acción.

La mayoría de las personas que se han venido, ya sea deportadas y que decidieron salir del vecino país por su propia voluntad, lamentan haber tenido que dejarlo todo allá, su casa, sus enseres, sus amigos, algunos sus hijos o esposos, y hasta su ropa.

El caso de Nancy García es más dramático. Ella se vino con cinco miembros de su familia, incluidas un nieto de tres meses de nacido y una nuera a punto de dar a luz. Asegura que se vinieron antes de que los deportaran por temor a que les quitaran a los bebés.

Pero lo más triste es haberse tenido que venir y dejar allá a dos hijos presos desde hace seis años.

“Yo quisiera que nuestro presidente nos ayude. Mis hijos están presos por un celular que un chamo me dio a cambio de un par de gomas (zapatos deportivos), pero resulta que el celular era sucio (robado) y a los tres días de tener el teléfono se lo encontraron a mis hijos. Llevan seis años presos y ni un juicio les han hecho”, dijo la mujer con lágrimas en sus ojos.

Caracol Radio encontró igualmente a una pareja de esposos periodistas, que se vinieron hace cuatro meses, ti9empo durante le cual iban y venían, pues allá en Venezuela estaba sus tres hijas de 12, 6 y 3 años de edad, a las que finalmente pudieron traer con ellos.

Aquí se dedican a la venta de arepas, y lo que más desean es lograr la ciudadanía para poder ejercer su profesión.

“Nosotros dirigíamos una emisora allá, pero las cosas se pusieron difícil para los periodistas que no divulgaran lo que el gobierno quisiera, y si uno regresa enseguida lo van es metiendo preso porque ellos creen que uno viene acá a revelar cosas que están pasando allá”, dijeron los esposos.

A Jessica Jiménez, lo que más le preocupa es que el Estado Venezolano, cuando ella fue deportada, le puso un citatorio para que compareciera ante las autoridades del vecino país pues debía responder por sus dos hijos, de nacionalidad venezolana.

Ella asegura que cuando la deportaron, miembros del consulado pretendían enviarla sola a Colombia sin sus dos pequeños hijos, uno de cuatro años y otro de 11 meses de nacido.

“Ahora yo tengo temor de volver porque no quiero que me quiten a mis hijos, o de pronto me metan presa”, dijo la mujer mientras sostenía a su bebé que dormía mientras ella esperaba en la extensa fila, de la Plaza de la Paz.

Esas son las historias que se conocen de las decenas de familias que ahora esperan que el Gobierno colombiano les ubique un lugar de residencia, que el venezolano les permita recuperar sus enseres, que sus hijos tengan atención médica y educación y que les garanticen un empleo para comenzar una nueva vida en una tierra que les ha recibido con los brazos abiertos.

*Nombre ficticio para preservar identidad del interesado.

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