Cha Dorina pide derogar resolución que regula tarifa diferencial de energía para el Caribe

La congresista bolivarense presentó un derecho de petición a la CREG y la Superservicios

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En seguimiento al debate de control político celebrado el pasado 24 de abril, donde se espuso el origen de las altas tarifas energéticas en la región Caribe, atribuidas a procesos de privatización y corrupción, desde el Congreso de la República se adelanta una firme determinación de poner fin a estos cobros injustos.

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La Representante a la Cámara por Bolívar, Cha Dorina Hernández, informó que se ha presentado un derecho de petición dirigido tanto a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) como a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, solicitando la aplicación del artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Este artículo establece que las fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años, salvo que antes haya acuerdo entre la empresa de servicios públicos y la comisión para modificarlas o prorrogarlas por un periodo igual.

Excepcionalmente podrán modificarse en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo, se lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa; o que ha habido razones de caso fortuito o fuerza mayor que comprometen en forma grave la capacidad financiera de la empresa para continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias previstas.

Además, se presentó un derecho de petición ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la derogación de la Resolución 1231 del 2020, la cual regula la tarifa diferencial para la costa caribe y que se considera como parte de una política injusta del gobierno anterior.

El artículo 318 de la Ley 1955 de 2019, como parte del Plan de Desarrollo del Gobierno anterior, autorizó al Gobierno nacional a establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria para asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe. Sin embargo, la congresista consideró que esta medida ha generado daños injustificados a más de 11 millones de habitantes en la región.

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El propósito de estos derechos de petición es poner fin a la implantación de la tarifa diferencial energética en la costa Caribe, la cual ha causado un grave perjuicio a las comunidades. Instamos a las autoridades a implementar de manera inmediata estas solicitudes para corregir esta injusticia y garantizar el acceso equitativo a los servicios básicos de energía para todos los costeños.

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