Formulan Cargos Contra Exalcalde de Motavita, por Irregularidades en Contratos de Vías
Los cargos contra exalcalde Helí Quintero Suárez, por presunta alteración de los documentos tipo en licitaciones para la adecuación de vías terciarias
Cargos contra exalcalde de Motavita, por presunta alteración de los documentos tipo en licitaciones para la adecuación de vías terciarias
Motavita
Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra el exalcalde de Motavita, Helí Quintero Suárez, y dos exsecretarios de su administración, José Mauricio Salas (Planeación) y John Jairo González Solano (Gobierno), por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio durante el período 2016-2019.
Cargos contra exalcalde de Motavita, por presunta alteración de los documentos tipo en licitaciones para la adecuación de vías terciarias
Según la investigación del Ministerio Público, se encontró que los exfuncionarios alteraron los documentos de los pliegos de condiciones en dos licitaciones, lo que resultó en una limitación injusta de la participación en los procesos de selección. La Procuraduría sostiene que estas acciones contravienen las normativas establecidas por la resolución que regula los Documentos Tipo en contratación estatal.
El auto de cargos emitido señala que en los proyectos de pliegos se exigieron requisitos de experiencia general, volúmenes y cantidades de obra no acordes con lo estipulado por la ley, lo cual podría haber afectado la transparencia y equidad del proceso licitatorio.
Las faltas imputadas a los implicados han sido calificadas de manera provisional como gravísimas a título de culpa gravísima para el exalcalde, graves a título de dolo para el exsecretario de Planeación y graves a título de dolo para el exsecretario de Gobierno.
Este caso subraya la continua vigilancia de la Procuraduría General de la Nación en la supervisión de la conducta de los funcionarios públicos y la ejecución de los contratos estatales, reforzando el compromiso con la legalidad y la transparencia en la administración pública. Los procesos administrativos seguirán su curso conforme a las normas vigentes para determinar la responsabilidad de los acusados en las irregularidades detectadas.
