Centro Democrático denuncia en la OEA persecución a la oposición en Colombia

Nacional

Tuvimos acceso al documento denominado: “Informe Técnico sobre Estado de Colombia. Afectaciones graves a las instituciones democráticas, vulneraciones a los derechos políticos de la oposición y ataques contra la libertad de prensa”, que presentaron en Estados Unidos, ante la OEA y otras instancias congresistas del Centro Democrático en cabeza del Senador Miguel Uribe.

En el documento de 81 páginas, dan a conocer y adjuntan evidencias de la que llaman, “preocupante situación en Colombia que afecta los instrumentos y tratados internacionales de la OEA”, pero llama la atención que, en las vulneraciones del informe, además de lo que han venido hablando sobre los riesgos de la institucionalidad, se empieza a hablar de persecución política a la oposición en Colombia.

Aseguran que hay “obstáculos a los derechos políticos de los opositores, falta de garantías para la vida e integridad personal de los líderes opositores, y un discurso de odio proveniente del Gobierno Nacional contra la oposición”.

En el documento relacionan una serie mandatarios electos e integrantes del partido, quienes han denunciado amenazas y a quienes afirman no se les han dado las garantías necesarias para su seguridad.

Agregan además que hay afectación a la autonomía, integridad e independencia de las instituciones democráticas, que amenazan el Estado Social de Derecho y el respeto a la división de poderes por parte de la rama ejecutiva. Argumentan además que hay ataques a la libertad de expresión de medios de comunicación y periodistas.

El documento fue elaborado por La Firma Víctor Mosquera Marín Abogados y la Fundación Derechos & Justicia Asociados como miembro de la Sociedad Civil reconocidos por la OEA y con Estatus Consultivo ante la ONU. En representación del partido político de oposición Centro Democrático en el Estado de Colombia.

Solicitan la atención de las instancias internacionales para “abordar y remediar la situación”, destacando la importancia de salvaguardar la democracia y “el respeto por los principios fundamentales de derechos y libertades”, para el funcionamiento justo y equitativo del sistema democrático en Colombia.