Defensoría del Pueblo prende las alarmas por incremento de extorsiones en el país

La defensoría del pueblo señaló que de acuerdo con el portal Siedco, sobre estadística delictiva, de la Policía Nacional, en 2020 los ciudadanos colombianos reportaron 8188 casos; durante 2021, 8342; en 2022, 9791, y en el 2023, 9871.

Es decir, el delito ha ido en aumento en los últimos cuatro años, y al comparar el número de casos entre el 2020 y el 2023, la cifra de la conducta criminal tuvo un incremento del 20,5%.

Los casos donde más se presentaron denuncias por extorsión se concentraron en los departamentos de Cundinamarca (1827), Antioquia (1725), Atlántico (1227), Valle del Cauca (1010) y Norte de Santander (525 casos).

“Aunque las denuncias instauradas por la ciudadanía afectada darían cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan”, expresa el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Además, algunos directores de los establecimientos carcelarios y funcionarios del Inpec están siendo amenazados por la población privada de la libertad, como ha venido ocurriendo en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, en las penitenciarias de Palogordo y Modelo, en Santander, pero también en otros centros.

“Si bien valoramos la ‘Operación Dominó’, liderada por el Inpec, se requiere un mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno Nacional para que haya una modernización del sistema penitenciario en tecnología de punta 4G o 5G”, indica el Defensor del Pueblo.

Finalmente señalaron que de los 125 establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), únicamente en 16 ha sido instalado el sistema de inhibición de señal, sin embargo, de ellos solo en seis funcionan los inhibidores y con tecnología 2.5G.