Justicia

“El bolsillo de los colombianos no debe ser la chequera de los grupos armados”: Defensor

Esa es la respuesta del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al presidente Gustavo Petro sobre un pacto que le ofreció a las estructuras al margen de la ley

El presidente Gustavo Petro y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Foto: Getty Images y Cortesía.

El presidente Gustavo Petro y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Foto: Getty Images y Cortesía.

Bogotá

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que el Estado no puede financiar a los grupos armados ilegales y mucho menos si no han terminado un proceso de paz.

Esa posición de Carlos Camargo se debe a un mensaje del presidente Gustavo Petro, a las estructuras criminales a quiénes dijo que, en un pacto a realizar con el Gobierno, el pueblo diga cuáles son las directrices, que el Estado se compromete a poner la plata y el grupo armado se compromete a que el fusil se oxide, con el fin de lograr la paz en el país.

No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales, y mucho menos si no han terminado y llevado a buen puerto un proceso de paz. Seguiremos como institución de derechos humanos insistiendo en nuestro llamado: la vida humana no tiene valor pecuniario, la libertad de las personas no puede ser mercantilizada, el derecho a la vida de los seres humanos es innegociable”. Aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Desde la Defensoría del Pueblo dicen que el bolsillo de los colombianos no debe ser la chequera de las estructuras al margen de la ley.

“Reducir la libertad a una transacción y aceptarlo sería anular el respeto por la dignidad humana”.

El Defensor del Pueblo dice que no está mal entrar a evaluar un subsidio para quienes escojan el camino de la reinserción social: “Hay que buscar soluciones, por supuesto. Hay otros caminos para explorar en las mesas de diálogos de paz que se adelantan en este momento con el ELN y el Estado Mayor Central de las Farc, pero le pide al presidente Gustavo Petro tener una postura ajustada al respeto por los derechos humanos, como condición básica para el acceso a una negociación.

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